Juárez Hoy

Lic. Maclovio Murillo.- En un estado democrático constitucional de derecho, como fue y es concebido nuestro país, las instituciones y autoridades creadas para cumplir los fines y programas que la sociedad mexicana se ha propuesto como nación, deben regir sus actos bajo el estricto cumplimiento del orden competencial y los límites previstos por la  propia Constitución General de la República, a la que deben subordinarse, por constituir la ley suprema junto con los tratados internacionales ratificados por el Senado  y las leyes respectivas. Por eso, toda autoridad formalmente constituida, así sea por elección popular, en ningún caso puede libremente hacer lo que se le ocurra o crea sea bueno de acuerdo a sus pensamientos, interés personal o político, pues aunque no le agrade, solo podrá hacer aquello que el orden jurídico le autorice explícitamente y no puede dejar de hacer lo que la propia ley...