Lic. Maclovio Murillo.- Se viola el derecho al juez independiente e imparcial, cuando los juzgadores que resuelven los recursos donde se impugnan sentencias penales, carecen de nombramiento adecuado y de inamovilidad por cierto periodo.
En ese sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha determinado que los jueces provisionales, aun cuando tengan esa calidad, deberán nombrarse mediante procedimientos adecuados y garantizárseles cierta inamovilidad, pues cuando no se les otorga seguridad de permanencia durante un periodo determinado, se erosiona la garantía contra presiones externas, principalmente de quienes tienen la facultad para determinar su destitución o su acenso.
En el caso del Sacerdote Aristeo Trinidad Baca Baca, resulta que su apelación contra la sentencia que lo condenó, fue resuelta por una Sala Colegiada integrada por solo un Magistrado debidamente nombrado (Marco Tulio Cano Corral), así como por una secretaría (Judith Ávila Burciaga) y un secretario (Carlos Alberto Martínez Beltrán), estos dos últimos en su calidad de “encargados”, respectivamente, de la Segunda y Cuarta Sala Penal Regional, del Tribunal Superior de Justicia.
Los dos últimos no son Magistrados, sino solo tienen la calidad de “encargados” de la sala respectiva en la que ejercen funciones.
Esos dos “encargados”, tampoco fueron nombrados en un procedimiento adecuado que garantice inamovilidad. Y menos aún, tienen seguridad de permanencia en el cargo, por algún periodo determinado. Por tanto, la autonomía, independencia e imparcialidad, de esos “encargados”, no está garantizada conforme a los parámetros fijados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
En tales condiciones, se puede concluir que, en la segunda instancia, al sacerdote Aristeo Trinidad Baca Baca no se le garantizó el derecho a ser juzgado por un tribunal integrado debidamente por juzgadores imparciales e independientes. Y si eso fue así, la sentencia tampoco garantiza su juridicidad y en cambio tiene la presunción de irrespetar también los principios de independencia e imparcialidad que deben regir en la función jurisdiccional.
