Lic. Maclovio Murillo.- En un estado democrático constitucional de derecho, como fue y es concebido nuestro país, las instituciones y autoridades creadas para cumplir los fines y programas que la sociedad mexicana se ha propuesto como nación, deben regir sus actos bajo el estricto cumplimiento del orden competencial y los límites previstos por la propia Constitución General de la República, a la que deben subordinarse, por constituir la ley suprema junto con los tratados internacionales ratificados por el Senado y las leyes respectivas.
Por eso, toda autoridad formalmente constituida, así sea por elección popular, en ningún caso puede libremente hacer lo que se le ocurra o crea sea bueno de acuerdo a sus pensamientos, interés personal o político, pues aunque no le agrade, solo podrá hacer aquello que el orden jurídico le autorice explícitamente y no puede dejar de hacer lo que la propia ley le imponga como deber.
Por ejemplo, es deber del Ejecutivo federal, publicar y distribuir los libros de texto gratuitos para la educación primaria, pero también debe expedirlos respetando siempre los principios de la educación que están previstos en el artículo 3o. de la Constitución Federal, como son el que debe ser laica, científica, dando participación a las entidades federadas y a los padres de familia para elaborarlos de manera neutra, alejados de cargas ideológicas que llevan la finalidad de educar a la niñez conforme a la visión de algún partido, grupo o Gobierno.
En contrapartida, el margen de actuación de los particulares, es mucho más amplio, pues ellos pueden hacer no solamente lo que la ley les autorice, sino también todo aquello que no les prohíba.
En razón de lo anterior, es que todos los funcionarios y servidores públicos, desde el más ínfimo rango hasta el más alto nivel, tienen el deber inexcusable de cumplir con la Constitución, los Tratados y las leyes.
En la antigua Roma, de donde provienen las raíces de nuestro sistema jurídico, para reafirmar lo anterior en muy pocas palabras, se acuñó en latín la frase que dice: “Dura lex sed lex”, que significa que “la ley es la ley” y aunque sea dura, debe cumplirse.
En esas condiciones, en un sistema democrático integrado en un estado constitucional como el nuestro, cuando algún particular considera que cierto acto de autoridad, ya provenga del Poder Ejecutivo, del Legislativo o del Judicial, vulnera algún derecho garantizado a su favor, puede impugnarlo a través de un recurso sencillo y útil para anularlo, revocarlo o modificarlo, como es el juicio de amparo que se debe promover ante los respectivos tribunales federales.
A su vez, en el caso de que las autoridades consideran que algún acto de otro de los poderes constituidos, causa una invasión de esferas competenciales o bien vulnera la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pueden promover, según sea el caso, una acción de inconstitucionalidad o una controversia constitucional, para que sea la Suprema Corte de Justicia de la Nación la que emita un fallo donde resuelva el diferendo, al cual deben ajustarse las partes contendientes sin excusa ni pretexto válido.
De esa manera, bajo el sistema de respeto al orden jurídico, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y los Tribunales Federales, se constituyen en el árbitro que a su vez crea un efectivo contrapeso para controlar las decisiones de todas las autoridades, sometiéndolas al escrutinio constitucional.
Con eso se pretende garantizar que nadie pase por encima del orden jurídico, evitándose así la arbitrariedad y sobre todo que los gobernantes en turno desvíen su actuación de los principios fundamentales de la nación que se encuentran garantizados y deben respetarse más allá de los programas individuales de los gobernantes.
En el México moderno y en todo el mundo civilizado, ese modelo, aunque perfectible, ha funcionado y es la mejor opción para evitar regímenes dictatoriales que en el pasado hicieron gravísimo daño.
No se entiende entonces desde esa perspectiva, y menos si realmente no se pretende un régimen dictatorial y arbitrario, cómo es que recurrentemente, el titular del Ejecutivo federal – de mal humor y de manera despectiva-, usando un lenguaje corporal desparpajado y con un tono de voz que refleja un desprecio absoluto por las instituciones, defiende a ultranza sus actos que evidentemente son inconstitucionales y trata de dinamitar el orden jurídico que lo rige no solo a él, sino a la sociedad en general, diciendo “Y no me vengan con que la ley es la ley”, denostando adicionalmente a los juzgadores de todos rangos y niveles, señalándolos como corruptos, no porque hayan resuelto incorrectamente o haya prueba de su deshonestidad, sino solo por resolver contra su visión o interés personal, que obviamente no es el de la nación que está garantizado en la propia Constitución.
Considero que fomentar el irrespeto al orden jurídico y tratar de dinamitarlo, es gravísimo y puede conducir a la anarquía o de plano llevarnos a una dictadura en la que las personas gobernantes deciden todo conforme a su pensar, creencia o interés y no conforme al pacto social plasmado en la Constitución Federal y las leyes creadas conforme a la misma.
¡Así, es cuanto!
