O todos rabones o todos coludos… En el tema de los doctores cubanos contratados por el gobierno mexicano, el ex ministro José Ramón Cosío esgrimió los mejores argumentos en contra de dicha práctica, la ley no puede ser violentada ni por el mismo presidente de la República y al respecto es López Obrador, que se dice abogado y al que se le han olvidado las leyes más esenciales de nuestra Constitución, pues ningún extranjero puede ejercer el título de doctor en México sin antes realizar un examen de homologación de estudios y así obtener una cédula profesional, los únicos que podrían valorar una excepción a dichos requisitos serían los legisladores del congreso. Amén de que una vez salvada dicha excepción, requieren de una visa de trabajo y para ello deben de empezar por registrarse en el S.A.T.
En el pasado año el gobierno mexicano les pagó a los médicos cubanos sin dichos requisitos, los médicos cubanos que ya practicaron en México no validaron sus estudios y no tributaron en nuestro país por lo que resulta inaudito que sean el mismo presidente de la República y su secretario de salud los que promuevan las flagrantes violaciones a nuestra constitución.
Si es tanta la ayuda que como país necesitamos en nuestro fallido sistema de salud ¿por qué no permitir a médicos ingleses, franceses, españoles, hindúes o norteamericanos los mismos privilegios que hoy se brinda a los cubanos? la necesidad de los mexicanos de auxilio justificaría, de ser cierta, una apertura a todos los médicos del mundo que quisieran ayudar, a menos de que dicha necesidad sea solo la excusa que AMLO usa para mandar dinero mexicano al país cubano y esa, ya es otra historia…
Nuevas generaciones crecerán con el veneno que los adultos no tienen el valor de eliminar… En los Estados Unidos de Norteamérica cada vez se dan más los tiroteos de índole racista y el presidente Joe Biden sólo acierta a decir que se trata de un “simple terrorismo doméstico”.
Si el líder de la nación no le da la importancia suficiente a los ataques que sufren los afroamericanos y la comunidad hispana, lógico que el sistema judicial y policiaco menos va a castigar o reprimir estas masacres.
Las investigaciones del FBI arrojan que el odio racista no solo no se ha detenido, sino que ha aumentado, pues del 2019 a la fecha se han cometido más de 1000 asesinatos contra la comunidad hispana. Simplemente recordemos los ocurridos en el Centro Presbiteriano de California con 1 muerto y varios heridos o el de Búfalo, NY hace una semana donde un supremacista de 18 años Payton S. Gendron asesinó a sangre fría a 10 clientes de un supermercado, alegando que lo hizo porque “los blancos serán sustituidos por otras razas”, una muestra más de la estupidez y la sinrazón de estos racistas.
Ahora se dice que hay 149 grupos antiinmigrantes y neonazis en la Frontera de Estados Unidos con México; de hecho en los estados que colindan con México hay mucha presión para que el gobierno agrande el presupuesto de la Border Patrol que se dedica a impedir la entrada ilegal de migrantes por nuestro país. Se sabe que en California existen 65 grupos y en el estado de Texas hay 52 grupos que buscan la eliminación de los inmigrantes, hispanos y afroamericanos.
Nosotros como Comunidad Juárez-El Paso no lo hemos sentido tanto como en otros puntos a lo largo de la frontera, donde se pueden ver pintas con estas frases que quieren justificar el racismo: Los negros en Estados Unidos representan el 30% de la población del país, pero cometen el 80% de los crímenes; No somos supremacistas blancos, simplemente abogamos por la separación racial y por eso es que en EU no deberían estar ni latinos ni afro descendientes; La genética de la raza negra hace que tengan una mente infantil, su cerebro no se desarrolló correctamente y eso ha sido comprobado por la ciencia; Si los mexicanos se siguen valiendo del sistema estadounidense esto va a terminar en una guerra civil porque ellos tendrán que salir tarde o temprano del territorio.
Ojalá y en nuestra querida frontera no sigan creciendo estos sentimientos racistas porque con la Border Patrol ya tenemos mas que suficiente.
Nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde… Tremendo alboroto se armó este miércoles en Juárez debido a que en un evento de la gobernadora Maru Campos en el Parque de la Familia, se le impidió a los periodistas, reporteros y camarógrafos que se acercaran a la mandataria estatal.
Debido a la situación, las quejas llegaron hasta el coordinador del Gabinete, Luis Serrato, quien tuvo que intervenir para que Comunicación Social del Estado permitiera que al menos por dos minutos, los reporteros y camarógrafos que estaban en el lugar pudieran pasar a tomar algunas tomas y fotos de la reunión que sostenía Maru con ciudadanos juarenses.
Dicen los reporteros que la relación con nuestra gobernadora siempre había sido cálida pero que ahora Comunicación Social la aleja cada vez más de los periodistas que de los malandros que pudieran estar infiltrados entre los ciudadanos que se acercan a la gobernadora, como si los comunicadores fueran el enemigo a vencer.
El que busca encuentra… El regidor Antonio Domínguez Alderete no haya la forma de cómo llamar la atención de los medios para denunciar el presunto abuso policiaco que sufrió el pasado viernes 13 de mayo durante la inauguración de la Universiada Nacional.
Resulta que agentes de la SSPM le pidieron que se retirara del estadio cuando terminó el evento, pero como el regidor estaba un poco pasado de copas, se enojó y comenzó a discutir con los elementos policiacos, pese a que siempre se le pidió de manera respetuosa que se retirara. Estaba acompañado de otras regidoras, entre ellas Ana Estrada, titular de la Comisión de Hacienda en el Cabildo juarense.
Llama la atención que ambos se quejen de un asunto que pudo haberse evitado si el regidor hubiera aceptado retirarse del estadio cuando se le pidió que lo hiciera.
El precio de la codicia es la deshonra… De veras que la avaricia no tiene límites y arrastra, tanto a los políticos jóvenes como a los viejos, a traicionar al pueblo que los elije como gobernantes.
Tal es el caso de Laura Fernández, quien fue alcaldesa de Puerto Morelos y autorizó la contratación de dos obras: el Palacio Municipal y el alumbrado público del municipio en cuestión.
A Laura Fernández, hoy candidata a la gubernatura de Quintana Roo, se le hizo fácil comprometer por 20 años la mitad de los recursos federales del municipio al autorizar un contrato por 389 millones de pesos para construir el Palacio Municipal cuando en realidad tiene un costo de 57 millones de pesos.
Autorizó otro contrato para cambiar el alumbrado público por más de 442 millones de pesos y donde el costo real es de 43 millones de pesos.
Ya existe varias denuncias interpuestas por el actual ayuntamiento ante la FGR en contra de la exalcaldesa y de su esposo Carlos Alberto Moyano.