Rafael Espino.- Petróleos Mexicanos (Pemex), se encuentra de nueva cuenta en el centro del debate en la agenda nacional, al haber reconocido, tras negarlo inicialmente, un derrame de petróleo de uno de sus oleoductos ubicado en la plataforma Abaktún Poll-Chuc, del complejo Cantarell.
El citado derrame, negado por la presidenta de la Republica en la conferencia mañanera del 19 de marzo pasado, en la que culpó a “un buque y dos chapopoteros”, se había detectado desde febrero de 2026, por imágenes satelitales de la mancha, que alcanzó los estados de Veracruz, Tabasco, Campeche y Tamaulipas. Una extensión de entre 600 y 900 kilómetros de costa.
La fuga del oleoducto finalmente fue admitida por el Director General de Pemex, quien atribuyó la negligencia administrativa a tres funcionarios que presuntamente escondieron los hechos y a los que separó inmediatamente de sus encargos. Más allá de responsabilidades, el incidente intensifica los cuestionamientos sobre la mala gestión en Pemex, así como sus reducciones presupuestarias para el cumplimiento de normas ambientales.
Lo cierto es que, ante la falta de previsión y mantenimiento, lo barato sale muy caro. La magnitud del derrame obliga a considerar trabajos de remediación inmediata y procesos de restauración ecológica que pueden durar años o hasta décadas, con acompañamiento científico de costos muy considerables.
En los últimos dos años, Pemex ha desembolsado más de 1,600 millones de pesos para limpieza y manejo de residuos derivados de derrames. Con esta fuga de petróleo, los costos de remediación superarán considerablemente la cifra señalada.
Según expertos en preservación, las afectaciones se extienden a ecosistemas marinos y costeros, que amenazan la biodiversidad, provocarán la pérdida de hábitats críticos y alterarán cadenas alimenticias. También afectará necesariamente al turismo de los estados del Golfo de México y particularmente a las economías locales que dependen de la pesca tradicional.
En otro ámbito, surgen cuestionamientos en cuanto a la responsabilidad del Estado Mexicano por tener Pemex el carácter de empresa pública.
En efecto, México puede ser sancionado conforme a la Convención de las Naciones Unidas, no sólo a multas administrativas, sino a la reparación integral del daño ambiental.
Según la Doctora Berenice Carrera, experta ambientalista de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), se advierte una brecha crítica entre la legislación ambiental y su aplicación efectiva, lo que provoca falta de inversión en controles para evitar la recurrencia de estos eventos. Hay, sin duda, fuertes debilidades estructurales en exigir el cumplimiento de normas ambientales al sector energético.
El hecho es que este caso particular puede llegar al Tribunal Internacional de Derecho del Mar y a la Corte Internacional de Justicia, en las que se puede acusar a México de no garantizar la conservación del medio marino. También Estados Unidos nos puede demandar conforme al Capítulo 24 del T-MEC que nos obliga a adoptar medidas de protección al ambiente y a las especies en peligro de extinción
Paradójicamente, México impulsó el Tratado de Altamar, que entró en vigor en enero de este año y sanciona severamente el vertimiento de desechos, incluidos hidrocarburos, en el mar.
