Daniel Valles.- Casi 400 cuerpos almacenados en lugar de haber sido cremados. Hoy, las familias vuelven a vivir el horror de la pérdida del ser querido.
Como si en Juárez hicieran falta escándalos de terror, ahora aparece este. Uno que no es accidental, es creado con premeditación, alevosía y ventaja. ¡Ah!, pero que denota la gran falta de supervisión por parte de autoridades a los protocolos que de seguro sí existen. ¿Cuántas cosas más de este tipo andarán por ahí rondando y en espera de ser descubiertas?
El crematorio “Plenitud” —nombre irónico si los hay— fue descubierto como lo que realmente era: una bodega de la muerte. Apilados en habitaciones, sin refrigeración, sin dignidad y sin descanso, 383 cadáveres fueron almacenados durante años mientras sus familias lloraban frente a urnas con tierra y piedras.
No se trata de un error. Se trata de un sistema colapsado, un negocio podrido y una sociedad que está perdiendo el respeto hasta por sus muertos.
Funerarias de nombre celestial, prácticas infernales
Luz Divina, Amor Eterno, Capillas Latinoamericana, Protecto Deco, Ramírez y Del Carmen. Todas ellas prometieron un adiós digno. Y todas están bajo sospecha. Subcontrataron a un crematorio clausurado, con permisos vencidos, sin horno, sin ética, sin pudor. ¿Lo sabían? Todo indica que sí.
En las actas y papelería de los casos más recientes aparece “Plenitud” como el lugar de cremación. Pero lo que se entregó fueron urnas con contenido desconocido. Las familias confiaron. Pagaron hasta 48 mil pesos por nada. O peor: por un engaño.
Y mientras tanto, las funerarias siguen abiertas. Nadie las ha tocado. Porque aquí se encarcela al peón, pero el patrón sigue dando servicio.
“Pensamos que teníamos las cenizas de mi hermano y resulta que eran tierra y piedras”, declaró una mujer entre lágrimas al salir de la Fiscalía. Su historia es una entre cientos que hoy dudan de lo que recibieron y que enfrentan nuevamente el duelo, la rabia y la incredulidad. Porque en esta tragedia, los muertos no descansan y los vivos no tienen paz.
Ratas, cadáveres embalsamados desde la pandemia, niños, neonatos, cuerpos con ropa de hospital o velorio. Todo en un mismo camión refrigerado. El horno del crematorio, inservible. Las cámaras, apagadas. Y las autoridades, ciegas. ¿Cómo es posible que la Coespris no inspeccionara desde 2022? ¿Por qué se permitió operar con permisos vencidos desde marzo de 2023?
Y lo más indignante: esto no es nuevo. El lugar ya había sido clausurado en 2020 por Protección Civil. Pero como todo en este país, el cierre fue simbólico. Y el horror siguió acumulándose.
El Meollo de este asunto: la impunidad
La Fiscalía detuvo a dos empleados. Bien. Pero ¿y los dueños de las funerarias? ¿Y los inspectores que no inspeccionaron? ¿Y los burócratas que firmaron los permisos? El fiscal César Jáuregui promete una investigación seria. Pero la revictimización ya es un hecho. Las familias lloran por segunda vez. Y no saben si les falta aún una tercera.
Esto no es sólo un fraude. Es una violación al alma de la ciudad. Una ciudad que ha aprendido a vivir con el crimen, pero que no debe aprender a normalizar la barbarie.
Porque aquí no sólo se enterró la dignidad de los muertos. Se cremó —si acaso— la confianza de los vivos.
Las penas por estos delitos no son menores. La Ley General de Salud y el Código Penal contemplan hasta 17 años de prisión por inhumación clandestina, violación a la dignidad post mortem, fraude y delitos conexos. El castigo debe ser ejemplar. Porque si esto no se sanciona con toda la fuerza del Estado, se convertirá en el precedente más inmoral de nuestra era. Ahí, El Meollo del Asunto.
