Lic. Maclovio Murillo.- La autoridad municipal, en un afán de colaboración interinstitucional y en sintonía con la visión que en ese punto coincide con la del Ejecutivo del estado, ante la falta de una reacción suficiente, oportuna, idónea y decidida de la autoridad federal, con la exclusiva finalidad de proteger a la colectividad en general, por la seguridad de todos, atendiendo al bien común y la salud pública, recientemente anunció la implementación de medidas objetivamente extraordinarias y urgentes, aunque de algún modo incómodas y no ortodoxas, en una situación de emergencia que también tiene la misma condición de extraordinaria, para mitigar la propagación de la pandemia en los momentos más críticos de la misma en Ciudad Juárez.
El gobierno federal, en cambio, hace unas semanas, realizó la declaración de emergencia sanitaria a la pandemia producida por el Covid-19, estableciendo medidas que apuntan a la suspensión de actividades no esenciales. Sin embargo, resulta indudable que le ha faltado definición o contundencia en su actuar, y ha sido omiso en ejercer sus facultades constitucionales que le dan competencia para restringir de forma temporal, y solo en la medida absolutamente necesaria e indispensable, en proporción directa al tamaño de la pandemia, aquellos derechos humanos cuyo ejercicio en términos absolutos, pudieran resultar en algún obstáculo a la ejecución de soluciones adecuadas para hacerle frente a esa situación excepcional, tal como inclusive lo autoriza la propia Constitución federal.
En una situación de emergencia, que reclama un trato excepcional, como se ha realizado en otros países, resulta de mucha utilidad la restricción de derechos tales como la libertad de tránsito, la de trabajo, la de reunión, la de culto religioso y otros más, cuando el ejercicio pleno de esos derechos puede originar la circulación y libre tránsito de personas en calles y el agrupamiento de individuos en lugares cerrados, posibilitándose así el contagio.
No obstante lo anterior, es exclusivamente tibieza y abandonamiento lo que ha demostrado quien debiera no solamente actuar para combatir la pandemia y auxiliar mediante apoyos fiscales y económicos a la población, sino también para dotar a los estados y municipios de las herramientas jurídicas que les darían la posibilidad de ejercer un mejor control de una situación tan grave como la que está en curso, la cual reclama, indudablemente, la protección de la salud pública en bien de todos los mexicanos.
Los gobiernos locales y municipales, básicamente se han quedado solos y cuando han tenido que rebasar al gobierno federal derivado de su inacción, son criticados acremente, lo cual, indudablemente es injusto.
Ya es tiempo que, urgentemente, el Consejo de Salubridad General y la Secretaría de Salud, apartándose de la política estéril, ejerzan sus funciones con profesionalismo y con una actitud que vaya realmente alineada al propósito de su existencia: la protección de la salud pública.
Y si para eso tienen que restringirse derechos, es urgente que se propongan al titular del Ejecutivo federal y aún al Congreso de la Unión, las medidas adecuadas para que en la proporción estrictamente necesaria, se inicie el proceso constitucional respectivo, para proteger a la colectividad, dejando a un lado la comodidad de la tibieza.
¡Es cuanto!
