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¿La calle es de todos?

Dr. Fernando de Jesús Hernández Estrada.- La crisis de violencia, secuestros, extorsiones y homicidios que fueron el pan de cada día a partir de 2007-2008, provocó que las familias se recluyeron en sus casas y la violencia apareció en las colonias residenciales. El temor por la seguridad propia, de la familia y de los bienes  propició que en enero de 2011, se desatara un furor por colocar rejas, candados y aparecieron los cierres de calles, convirtiendo  la ciudad en numerosos guetos. 

El Artículo 11 de la constitución consagra la Libertad de tránsito, pero no hace una especificación minuciosa. El reglamento de Vialidad y Tránsito de nuestra ciudad establece en el artículo 3 : “Queda prohibido en las vías públicas colocar señales o dispositivos de tránsito, tales como boyas, bordos, barreras, o cualquier tipo de material de construcción…”, pero luego añade: “A menos que cuente con los permisos correspondientes emitidos por el gobierno municipal…” lo que en lenguaje de jurídico quiere decir: Ésta es la ley: pero podemos realizar atajos para no cumplirla… de modo que los vecinos tienen la potestad de cerrar su calle con sólo organizar un comité vecinal y conseguir los respectivos permisos que puedan saltarse el reglamento de vialidad y tránsito y aún más, la propia constitución.

Me pregunto si los ciudadanos en general y las autoridades municipales y estatales en particular, toman en cuenta o aspiran a lograr la belleza y armonía de esta ciudad tan descuidada y con  caótica vialidad y pocas calles para el desahogo de  la  circulación. Veamos el caso de la ciudad de Zacatecas. La visité allá por primera vez a finales de 1969 y no me impresionó en absoluto. Ciudad con pasado colonial como lo atestiguaban numerosas de  sus construcciones, pero sin control urbanístico de modo que los empresarios y comerciantes colocaban sus fachadas a deseo y conveniencia. 

Los tendidos de telefonía y cableado de electricidad, así como los mensajes públicos, señalizaciones y propaganda en general, la afeaban en verdad. Pero entre los 70s-80s se estableció una reglamentación exigente, impopular, pero visionaria. Se reglamentó y planificó de manera estricta y planificada un plan general por el embellecimiento y armonía de la ciudad. Fue una medida dolorosa  pero los resultados fueron espectaculares.  En diez años la transformación fue increíble; es quizá la ciudad con mejor evolución turística de las ciudades coloniales del país  y para mi gusto personal, una de las más hermosas al grado tal que en 1993 la UNESCO la nombró patrimonio histórico de la humanidad. ¿Cuál fue la receta? La respuesta es sencilla pero difícil de aplicar: un gobierno visionario que planea con especialistas y empresarios comprometidos y dispuestos para invertir tiempo y sacrificio, además de un pueblo con verdadero sentido del porvenir.

En nuestra ciudad llevamos ya 10 años de la colocación de rejas en las colonias y fraccionamientos, de modo que es previsible que existan resistencias naturales al cambio. Tal vez, como se hizo en otras grandes ciudades como la Cd. de México, habría que ofrecer a los vecinos organizados la opción de pasar a un régimen de condominio que implique que los vecinos se encarguen de dicha vialidad. Habrá que llevar adelante campañas de comunicación institucional y acciones que restablezcan la autoridad de los gobiernos sobre la vía pública frente a la sociedad, destacando que la segunda mejor respuesta al problema de la inseguridad por parte del Gobierno es ofrecer seguridad efectiva a los habitantes (La primera es la educación). 

El cierre de calles representa la falta de identificación de lo que representa lo público. Evitar los cierres de calles, es un paso hacia una ciudad menos fragmentada, más segura, más justa, donde se reafirma el carácter público del espacio urbano. Los cierres de calles, tienen un impacto negativo sobre la fragmentación del tejido urbano y cuestionan el derecho a la movilidad en el espacio público. Permitir los cierres de calles es la privatización de la ciudad y permite el distanciamiento y desconfianza ciudadana, en la que el desconocido automáticamente se vuelve intruso y sospechoso. No obstante, diré que no se deben ignorar las demandas legítimas de seguridad por parte de los habitantes.

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