Tulum.- Victoria Esperanza Salazar Arraiza, originaria de El Salvador recibió el 6 de marzo de 2018 su reconocimiento como refugiada en México, por el Instituto Nacional de Migración (INM), que le expidió el documento 11598479, por razones humanitarias.
Residente permanente en el país, ella murió el viernes 26 de marzo a manos de policías de Tulum, Quintana Roo, cuando éstos la sometieron por -presuntamente- estar intoxicada y alterar el orden público.
Victoria Salazar era una refugiada porque -a saber de la Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR; y la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político de México-, tuvo que salir de El Salvador, ya sea por causa de la guerra, la violencia, o la persecución, y solicitó la protección del Estado mexicano.
En su calidad de refugiada, Salazar Arraiza -madre de dos hijas menores de edad-, tenía derecho a que las leyes y autoridades mexicanas garantizaran su seguridad física, el acceso a derechos y asistencia como cualquier otro extranjero con residencia legal; el derecho a trabajar y moverse libremente, además de protección contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes.
El día de su muerte, policías estatales la detuvieron en calles de la colonia Tumben Kah, de Tulum, tras un reporte ciudadano; uno de los uniformados que participó de su detención colocó su rodilla sobre su cuello, y pese a que Victoria Salazar se quejaba y pedía auxilio, éste no la retiró hasta que ella terminó inconsciente.
Tras subirla a la parte trasera de una patrulla, los uniformados le dieron los primeros auxilios pero durante el trayecto se confirmó su muerte; al momento, la Fiscalía General de Justicia de Quintana Roo informó que comenzó la acción penal contra los policías por su presunta participación en el feminicidio de Salazar Arraiza.
