Inicio AVANZA SIN TRANZA Se combate la corrupción. La impunidad no

Se combate la corrupción. La impunidad no

Daniel Valles.- El Barómetro Global de Corrupción indica que, uno de cada tres mexicanos reconoció haber tenido que pagar un soborno para realizar un trámite ante el gobierno.

Todo parece indicar que para 2020, estos índices no mejorarán. ¿Qué sucederá entonces? Lo más seguro es que todo empeore porque no se quedará igual que antes. Eso sí es seguro. La corrupción mina, pudre, echa a perder todo lo que toca.

Sin embargo, la corrupción es un problema que sí tiene solución. No se erradica, pero se controla. Insistiré en ello cada vez que toque el tema. Singapur y Uruguay pasaron de tener altos niveles de corrupción, como los mexicanos a ocupar los primeros lugares en “ausencia de corrupción”.

El primero ocupa el cuarto lugar entre 180 países y 85 puntos positivos de 100 posibles, de Acuerdo a Transparencia Internacional; el segundo, el lugar 21, con 71 puntos de 100 posibles. México, la última vez que vi, hace unos meses, ocupaba el lugar 130, con 29 puntos buenos de 100 posibles.

México es un país donde impera la alta corrupción en todos los sectores de la población. Sea gobierno, empresas, comercio, iglesias, instituciones de todo tipo, comunidades y asociaciones, etc. Es el “modus vivendi” de los mexicanos.

El programa internacional Pro Integridad, Avanza Sin Tranza, que la Organización Mundial Por la Paz y la Universidad Autónoma de Baja California avalan y recomiendan, trata, juntamente con otros organismos y organizaciones, de combatir la corrupción en México.

Esta lucha o combate no es nada sencillo. Se ha de trabajar para cambiar los marcos de referencia y pensamiento de la gente en general para que el mantra de el que no tranza no avanza, deje de usarse en el diario vivir de las personas.

Esto se logra si la gente tiene la voluntad para que cada vez que se presente la oportunidad de llevar a cabo un acto de corrupción, éste sea rechazado. Lo que se logra mediante una decisión consciente, meditada, libre, voluntaria y que le genere hábitos virtuosos para seguirlos, primero de manera personal, la que luego se imitará.

Mucha gente cree que se requiere de mejores y más severas leyes y penalidades. Otra que solo con que se digan ciertas palabras mágicas o se pertenezca a algún partido político y repitan, no mentir, no robar y no traicionar, como un nuevo mantra. Pero no, no ha funcionado. ¿Por qué?

Porque para combatir a la corrupción, a aparte del proceso que le mencioné y leyes y castigos severos, se requiere que se apliquen las leyes y los castigos, que se combata la impunidad y se capacite a la gente, a toda. Lo primero es de resultados más inmediatos que lo otro, que toma décadas. Es a largo plazo.

Existe en el país una tasa de impunidad estimada de 99.7% (México Unido contra la Delincuencia).

La impunidad en México cuesta alrededor de 422,390 millones de pesos al año, es decir aproximadamente 1,157 mdp por día, de acuerdo con un estudio del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO) y Creatura, Critical Thinking Advocates, le comenté la semana pasada. ¿Cómo, dónde? Dice la gente incrédula. En cientos de denuncias que se hacen y que no se cumplimentan.

Realizan 500 denuncias por corrupción, pero ninguna llega ante jueces.

En una investigación periodística realizada por Diana Lastiri, de El Universal, documenta que, “a lo largo de los casi dos primeros años del sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, la Secretaría de la Función Pública (SFP) presentó más de 500 denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR), por irregularidades y posibles actos de corrupción, pero ninguna ha sido llevada ante la justicia federal”.

De esas denuncias, 296 fueron presentadas entre abril y mayo contra funcionarios y exfuncionarios del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

Entre el 18 de junio y el 27 de octubre, según las cifras reportadas por la titular de la SFP, se presentaron 125 denuncias más, de las que tampoco se tiene información sobre su estado. De las 388 denuncias hasta junio, 296 fueron contra funcionarios y exfuncionarios del ISSSTE por delitos como cohecho, peculado, usurpación de profesiones, contrataciones simuladas y ejercicio ilícito del servicio público.

Según los datos otorgados por la propia SFP, ninguna de esas denuncias ha sido consignada ante un juez federal, pues todas están en etapa de integración de la carpeta de investigación.

Investigaciones son por corrupción e irregularidades en dependencias; 296 corresponden a quejas contra funcionarios del ISSSTE. Hay acusaciones por acoso sexual y amenazas, entre otras.

Para que se lleve a cabo un eficiente y eficaz combate a la corrupción, es una exigencia que exista una denuncia. De otra forma no funciona lo que se diga o lo que se haga. Es como estar disparando balas de salva contra las personas corruptas o la corrupción misma.

Hasta la denuncia, al parecer van bien. Pero como no avanzan, se puede inferir que tranzan. Y para que los índices se mejoren y esto se vea reflejado en mejores indicadores de vida, hace falta el seguimiento a la denuncia y que se aplique la ley. Que se capacite a las personas y que la virtud, la integridad y la transparencia sean la regla.

Se puede hacer. Singapur y Uruguay nos ponen la muestra. Sabemos cómo hacerlo, podemos hacerlo. La cosa es si queremos hacerlo en verdad.

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