Jorge Faljo.- Varias noticias que me hacen reflexionar sobre el papel de los programas sociales en la presente administración y la oportunidad perdida. Se trata del cambio al frente de la Secretaría de la Función Pública y que el secretario técnico de la presidencia pasa a dirigir, simultáneamente, la Coordinación General de Programas para el Desarrollo.
No son cambios menores. Una es la secretaría encargada del buen funcionamiento de la administración pública y la promoción de sus dos banderas principales; el combate a la corrupción y la austeridad. Una función en la que no ha destacado es la de normar y promover el impulso a la organización y la participación social en la operación de los programas de desarrollo. Tal participación, en forma de Contraloría Social, debería ser el eje de la exigencia ciudadana de transparencia y real rendición de cuentas.
Rendición de cuentas, del gobierno a la ciudadanía, implica transparencia y ambas podrían ser más efectivas en el combate a la corrupción si la Contraloría Social participara como un agente activo en el diseño, seguimiento y evaluación de los programas.
El segundo cambio, el del coordinador de los programas para el desarrollo, es también un cambio mayor. Se trata del manejo de un presupuesto de más de 300 mil millones de pesos que el presidente quiere ampliar, tal vez duplicar, pidiendo a los gobiernos de los estados que aporten otro tanto.
El combate a la corrupción y la austeridad son las dos banderas ideológicas básicas de este gobierno; los programas sociales son el tercer gran propósito declarado, el mejoramiento del bienestar de los más pobres.
Un cuarto objetivo gubernamental entra en esta ecuación; el planteamiento de que los programas sociales serían los que atienden de manera eficaz al gravísimo problema de la violencia criminal desde sus causas raíz. Una violencia organizada que ha empeorado en los últimos años, al grado de que ya tiene pretensiones de representación política y que sume al país en el caos.
Pero no, los programas sociales no están siendo efectivos en disminuir la violencia criminal; las transferencias sociales no están abatiendo la pobreza, sobre todo en un contexto de crisis económica, agravada por la pandemia; tampoco se ha fortalecido la transparencia y mucho menos existe una base social que, desde abajo, reclame y reciba una verdadera rendición de cuentas.
Lamentablemente los cambios administrativos, en la Función Pública y en Presidencia, no se originan en un diagnóstico de desempeño que sustente una reorientación de fondo en los programas y transferencias sociales.
Es hora de aceptar que el simple reparto de dinero, más cuando México destaca por su bajo gasto social, asociado a un gobierno con vocación de pobre (austeridad le dicen), no mejora las condiciones de gobernanza en el país y por ello mismo el escaso incremento en bienestar amenaza con ser efímero.
Los cambios del marco legal; incluso el inscribir en la constitución a las transferencias sociales como derecho ciudadano y obligación gubernamental, no son garantía ni de permanencia ni de mejor desempeño. Un cambio normativo se revierte, modifica o incumple con la misma facilidad con la que los congresistas levantan la mano para seguir una instrucción presidencial, ahora y en el futuro.
Hace una tremenda falta la perspectiva sociológica en la operación de los programas; el elemento que de existir podría hacer que los programas y transferencias sociales pudieran realmente ser efectivos en elevar el bienestar, combatir la corrupción, mitigar la violencia criminal.
La tercera noticia es la declaración del C. Presidente en contra de un grupo de autodefensa de agricultores. Unos tres mil productores de aguacate, guayaba, caña, mango y zarzamora de cuatro municipios de Michoacán formaron un grupo armado para defenderse de narco extorsiones.
Ante ello el Presidente declaró que no deben existir autodefensas, porque la responsabilidad de la seguridad corresponde al Estado. No soy partidario de que la gente se arme y forme grupos para enfrentar a la delincuencia, porque eso no da resultados, dijo.
La decisión de los productores es desesperada, obligados por las circunstancias, pero con ella subrayan la gran ausencia de los programas públicos: promoción de la organización social. Ellos se organizan para algo extremo; defenderse de los que sí están organizados para propósitos criminales.
Sin que de ninguna manera sea necesario llegar a ese extremo, …donde no hace falta, hay que señalar que solo la organización social puede sentar las bases de efectividad y permanencia de los programas llamados sociales.
Programas como Sembrando Vida tienen un diseño más inspirado en el control social que en la promoción de la organización para que ejidos, comunidades y productores se hagan cargo de sí mismos, de tomar decisiones sobre su vida, su producción, su autogobierno. Y para que entren en un dialogo parejo, no subordinado con el sector público.
Abasto rural, precios de garantía, reforestación, protección ambiental, las transferencias a la tercera edad, a las madres de familia, las becas, todo funcionaría mejor si los interesados, beneficiarios y excluidos, pudieran tener voz y voto en la operación de los mismos.
Es la organización de base, no las meras transferencias, las que pueden imprimirle continuidad a los programas sociales al generar la fuerza ciudadana que los haga efectivos ahora, y pueda exigir su permanencia en el futuro.
Hasta ahora esos programas operan, como en el pasado, desorganizando, a contrapelo y en contra de las organizaciones de base a las que extrañamente este gobierno no entiende y ve con gran desconfianza. Sobre este punto remito al lector a mi artículo del domingo 6 de julio (México, pasado y presente en su simulación social).
Solo cumpliendo con la obligación de la función pública de promover la organización social podrán cumplirse los objetivos de esta administración.
