Dr. Fernando A. Herrera M.- En el caso CIA en Chihuahua se ha hablado de soberanía, de traición a la patria y de quién sabía qué en Palacio de Gobierno. Pero la investigación que publicó el martes The New York Times obliga a regresar al principio de la historia. A una decisión administrativa que pudo evitarlo todo: recontratar a Guillermo Arturo Zuany Portillo.
Las señales estaban ahí, eran obvias.
A mediados de diciembre de 2025, según contó la propia gobernadora Maru Campos, el Consulado de Estados Unidos en Ciudad Juárez le avisó que le habían retirado la visa a Zuany. No le dijeron por qué. Ahora el NYT cita una carta de autoridades mexicanas al FBI que habla de presuntos vínculos con cárteles. La gobernadora dice que pidió su renuncia.
Cuando un gobierno extranjero le quita la visa a un mando de seguridad, sin explicación, eso no es un trámite migratorio: es una alerta. Y la respuesta lógica es apartarse de él. Y aun así, regresó.
Zuany recuperó la visa y volvió a la Fiscalía, de acuerdo con la gobernadora, por intervención del entonces fiscal general César Jáuregui, quien habría asegurado que no había problema con él.
El NYT da otra pieza clave: la visa le habría sido restituida a cambio de cooperar con la CIA. Mientras tanto, según el mismo diario, el FBI lo seguía investigando.
Es decir, el hombre que regresó a encabezar operaciones estratégicas en Chihuahua ya no le respondía solo a la Fiscalía del Estado. Recuperó la visa porque tenía algo que ofrecer. Y lo que ofrecía era Chihuahua.
Llámenlo como quieran: en los hechos, regresó como doble agente. Durante más de seis meses, reporta el NYT, fue el enlace que llevó a agentes estadounidenses a entrenar y acompañar a policías estatales en operativos. Uno de ellos terminó en El Pinal, en abril, con dos agentes estadounidenses y dos funcionarios estatales muertos.
El error fue recontratarlo. Lo demás son consecuencias.
Se puede discutir hasta dónde llega la responsabilidad de cada quien y eso lo resolverán los jueces: Jáuregui está vinculado a proceso por ejercicio ilegal del servicio público y por traición a la patria; Zuany tiene dos órdenes de aprehensión y sigue prófugo. Ambos merecen la presunción de inocencia.
Pero hay algo que no requiere sentencia para verse con claridad: A un funcionario señalado por Estados Unidos, al que la gobernadora ya había pedido la renuncia, se le devolvió el mando de las operaciones más delicadas del estado.
Todo lo que vino después: La CIA dentro de la Fiscalía, el operativo de El Pinal, la renuncia del ahora exfiscal Jáuregui y su posterior detención y reaprehensión, las acusaciones cruzadas entre Zuany y la gobernadora. Todo ello partió de esa decisión.
¿Y los asesores? Queda una pregunta que nadie ha respondido.
Un fiscal general no decide solo: tiene un cuerpo de asesores, áreas jurídicas, de asuntos internos y de control de confianza. ¿Qué hacían mientras se recontrataba a un hombre con visa recuperada después de perderla por presuntos vínculos con el crimen organizado?
¿Nadie preguntó por qué Estados Unidos se la había quitado, ni por qué de pronto se la devolvía?
¿Nadie advirtió que tener agentes extranjeros en los cuarteles de la Fiscalía podía ser un delito?
O no vieron nada… O vieron y callaron.
Pareciera que tienen un puesto y un sueldo generoso, pero sólo aplauden al jefe; no se atreven a decirle nada que lo vaya a contrariar. Una punta de inútiles.
El presupuesto que no alcanza
Lo que pedimos prestado ya no alcanza ni para pagar los intereses de lo que debemos. Así, el hoyo crece cada año.
En el Presupuesto 2027, solo los intereses de la deuda cuestan más de un billón y medio de pesos. Es más que lo que se destina a educación, salud, programas sociales o a la obra pública, cada rubro por separado. Solo las pensiones pesan más.
Piense en una familia que paga una tarjeta de crédito con otra tarjeta. Cada mes debe más, aunque no gaste más. Y así estamos: una y otra vez gastamos más de lo que tenemos, y cada déficit es deuda nueva. Hoy ya debemos más de la mitad de lo que produce el país en un año, y la cifra sigue subiendo.
Para colmo, más del 80% del presupuesto viene comprometido antes de empezar el año: pensiones, intereses, dinero para los estados. Queda muy poco por decidir. Es un presupuesto para cumplir compromisos, no para impulsar el desarrollo.
Las calificadoras, esas empresas que le dicen a los prestamistas qué tan buen pagador es un país, ya lo notaron. Moody’s y Fitch nos tienen en el último escalón antes de la categoría de riesgo, y S&P nos advierte con perspectiva negativa. Si caemos, nos prestarán más caro a todos: al gobierno, a las empresas y a los bancos. Y los intereses crecerán conforme se renueven los préstamos.
Mientras tanto, los estados y municipios cargan con lo que pueden. En seguridad, el dinero federal para sus policías es una fracción mínima, y en Chihuahua autoridades locales reportan que la capital ha perdido más de 120 millones de pesos este año y más de 40 millones a Delicias.
El gobierno promete ir bajando el déficit poco a poco y sin nuevos impuestos. Pero Fitch ya advirtió que una reforma fiscal de fondo será cada vez más necesaria. Pero es mejor decirlo claro: es urgente.
Perder el miedo a los poderes fácticos significa dos cosas: Primero, que quien más tiene pague más, con un impuesto sobre la renta que suba por tramos según el ingreso, y que pague menos, o nada, quien menos gana. Lo contrario hace el paquete al subir a 5 millones de pesos al año el tope de un régimen simplificado que cobra como máximo 2.5%.
Segundo, que el gasto social llegue a quien más lo necesita, y que los más pobres reciban más dinero. Hoy la pensión universal para adultos mayores se lleva más de la mitad de lo que se gasta en programas sociales y la reciben por igual quienes la necesitan y quienes no. Muchos de quienes la cobramos no la necesitamos. Dársela solo a quien la requiere permitiría que los más pobres recibieran más y que el país gastara menos. Exigiría reformar la Constitución.
Todas estas medidas sin duda costarán votos, pero un país con deuda creciente no puede seguir comprando paz social con dinero que no tenemos.
Dr. Fernando A Herrera. Periodista y politólogo, es Doctor en Administración por la UACH. Presidente del IEE Chihuahua (2006-2015); presidente de Instituciones Electorales de las entidades federativas en México (2014). Es autor de la trilogía “Secretos” filosofía para la vida cotidiana. Presidente y director general de chihuahuaexpres.com.mx
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