México y Argentina convocaron a sus embajadores en Nicaragua para una consulta debido a las acciones políticas emprendidas por la nación nicaragüense.
A través de un comunicado, ambas repúblicas solicitaron la presencia, en sus respectivas capitales, del enviado mexicano Gustavo Alonso Cabrera Rodríguez y el emisario argentino, Mateo Daniel Capitanich.
En el documento señalan, la gestión de Daniel Ortega pone en riesgo la integridad y libertad de diversas figuras de la oposición, activistas y empresarios.
No obstante, los regímenes también hacen alusión en su escrito a la detención de los precandidatos presidenciales Arturo Cruz, Miguel Mora, Cristina Chamorro Barrios, Juan Sebastián Chamorro y Félix Madariaga.
De igual manera Ortega busca un cuarto mandato en las elecciones de Nicaragua, previstas para noviembre de 2021, y a sus acciones políticas y legales se les acusa de “preocupantes”, según concuerdan ambas naciones.
Bajo este contexto, la administración del país latinoamericano liderada por el dirigente nicaragüense está bajo la mira desde algunos años. A partir de 2018, los descontentos y protestas por parte de su pueblo incrementaron y en ellas exigían a la administración de Ortega respuestas de justicia e incluso su dimisión.
Dado a las muertes en abril del mismo año, ocasionadas por el uso de la fuerza por parte de la seguridad del Estado y grupos parapoliciales, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó estas acciones como una grave violación a los derechos humanos.
El organismo también documentó a más de 80 víctimas y registró denuncias por parte de la población que incluían detenciones ilegales, censura y ataques contra la prensa, prácticas de tortura y tratos inhumanos y degradantes.
Después se llevó a cabo una investigación en la cual se presentó un reporte oficial que indica que la policía nacional utilizó armas de fuego, balas de goma y gases lacrimógenos para amedrentar a los estudiantes asistentes a las protestas.
Por su parte, el gobierno de Nicaragua se ha deslindado durante estos años de la responsabilidad de dicho suceso y se lo adjudicó a “grupos vándalos de derecha”. De la misma forma, ha negado la existencia de presos políticos y desaparecidos, tras acusaciones por parte su pueblo y la CIDH.
Ambas naciones destacaron que se mantendrán atentos a la evolución de los acontecimientos y puntualizaron que seguirán promoviendo “inequívocamente el pleno respeto y promoción de los derechos humanos”, así como las libertades civiles, políticas y de expresión de toda persona independientemente de su profesión o nacionalidad.
Reiteraron que la jurisdicción nicaragüense está a disposición para colaborar constructivamente en la promoción del diálogo y “se supere esta situación” por la vía pacífica; respetando la división de poderes, a las minorías, garantías constitucionales y al Estado de derecho.
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