Rafael Espino.- Los principios y fundamentos de la industria eléctrica, su alcance, actividades y participantes, se encuentran contenidos en nuestra Constitución Política y su finalidad es dar certidumbre al sector y promover su funcionamiento en condiciones de eficiencia, confiabilidad, continuidad y sustentabilidad.
Las modificaciones al marco legal que buscan fortalecer a la industria eléctrica deben realizarse dentro de los límites constitucionales, respetando los derechos humanos que esta tutela.
Dos de estos principios tienen que ver con nuestro medio ambiente. El primero de ellos es el de la sustentabilidad ambiental y social. Se debe asegurar la protección al medio ambiente y el respeto a los derechos humanos y sociales de las personas y de las comunidades.
Mientras los retos que enfrentamos son enormes, existen soluciones a nuestro alcance que nos pueden procurar un sector energético competitivo, que mejore el bienestar social y procure un ambiente sano. Debemos promover el crecimiento en la generación de energías limpias e incrementar los requisitos para el consumo de estas. La generación intermitente, tanto en techos residenciales como en centrales de generación debe cumplir con altos estándares técnicos.
Tenemos ya asumidas metas y compromisos nacionales e internacionales que alcanzar, como de conformidad con la Ley de Transición Energética llegar al 2024 con un 35% de energías renovables. México internacionalmente es parte del Acuerdo de Paris de 2015 y del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe (Acuerdo de Escazú) de 2018, ambos acuerdos internacionales ya ratificados por el Senado de la República.
El segundo principio constitucional en materia eléctrica relacionado con el ambiente es el relativo a la llamada transición energética.
Entendemos a la transición energética como la migración hacia las energías limpias. Minimizar la generación de electricidad en base a combustibles fósiles (petróleo, gas y carbón) lo que requiere de adoptar variadas medidas de eficiencia y modificaciones a procesos productivos de actividades económicas como la ganadería, agricultura, minería, o de industrias altamente contaminantes como la siderúrgica, cementera, automotriz o azucarera. De manera particular, en materia de electricidad debemos reconocer la importancia de migrar a una industria moderna, eficiente y limpia, que utilice de forma responsable los vastos recursos naturales con los que cuenta nuestra nación y simultáneamente garantice la disponibilidad del insumo eléctrico suficiente, a costos reducidos y en forma incluyente a lo largo y ancho del país para todos los mexicanos. La transición energética como un proceso transversal de la economía nacional, debe ser siempre conducida por el Estado Mexicano, promoviendo la participación democrática de los sectores público, privado y social en seguimiento a los principios constitucionales que la rigen.
El conflicto bélico entre Rusia y Ucrania y las sanciones económicas que como respuesta se están implementando a nivel mundial, refuerzan la necesidad de fortalecer nuestra soberanía energética, alejarnos de la dependencia de los combustibles fósiles y desarrollar nuevas tecnologías que promuevan las energías limpias utilizando nuestros abundantes recursos naturales.
