Jorge Quintana.- En el ejercicio del derecho de libertad, solo tenemos como regla, el respeto de los derechos de los demás. Lo mismo sucede con el Derecho de Libertad de Expresión. Un buen padre asesora a sus hijos y los educa para comportarse honestamente y para no aprovecharse de la posición del padre para obtener prebendas o beneficios que no les corresponden.
Cuando, en el ejercicio de una profesión y con absoluto respeto a los demás, resulta de la investigación una situación de abuso o aprovechamiento de la posición de alguien cercano a una persona con autoridad pública, el deber del periodista es informarlo, más cuando se presume de conducta intachable y honestidad en el encargo, pues es una burla para los gobernados exigir respeto a las leyes y ser honestos, porque queda evidencia de que la orden es para todos, menos para mis cercanos.
Por este hecho de denuncia a la opinión pública, los informadores no pueden ser objeto de persecución y menos de estigmatización por quien tiene el deber de mantener la concordia y la paz entre los mexicanos.
Tratar de poner en la picota del escarnio a quienes, en el ejercicio de su profesión, hacen públicas las conductas deshonestas de los descendientes de la persona con autoridad pública, es aún más reprobable, pues los más obligados a mantener la honradez, son aquellos que fueron bien educados por sus padres.
El poder es para transformar positivamente el ambiente social y político, es para garantizar una vida armónica y para que quienes ejercen su profesión lo hagan con dignidad y sin temor a represalias por su proceder profesional.
Ahora resulta que solamente hay dos clases de mexicanos: los que me ensalzan y obedecen ciegamente mis consignas y los que no están de acuerdo conmigo y me critican. Ver a la población del país con esa óptica, es polarizar aún más a la sociedad y, sobre todo, es desgobierno.
Tienen mayor atención y sanción de la autoridad aquellos que, con datos ciertos y hechos comprobados, demuestran las contradicciones del régimen, que aquellos que diariamente azotan comunidades con el crimen y las ejecuciones, poniendo en jaque la seguridad pública. Para estos últimos abrazos no balazos, para los primeros todo el peso de la autoridad para encontrarles una causa de castigo.
Para el presidente, dedicarse a una profesión y obtener ganancias por ello, es un pecado, porque él está acostumbrado a no trabajar y menos al ejercicio de su profesión.
Reflexionemos sobre el particular y juzguemos quién está mal: ¿el que condena por hacer pública su información o el que condena la transparencia y encubre la corrupción?
Si seguimos en esta realidad de condena y exculpación, estaremos condenados a vivir en un régimen totalitario y absurdo, igual o parecido a Venezuela, Nicaragua o Cuba.
