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INAI rechaza decreto de AMLO sobre megaproyectos

El órgano autónomo de México que vela por el acceso a la información pública presentó una querella ante la Suprema Corte contra un decreto del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador que frena la divulgación de datos sobre megaproyectos que considera estratégicos.

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) anunció en su cuenta de Twitter que “acordó, por unanimidad, interponer controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación en contra del acuerdo que determina obras de infraestructura del Gobierno federal como de seguridad nacional”.

La “controversia constitucional” es un proceso en el que poderes u órganos del Estado presentan un juicio ante el máximo tribunal del país para dirimir un diferendo.

El decreto de López Obrador establece que serán valoradas de “interés público” y “seguridad nacional” —restringiendo así la divulgación de información relacionada con ellas— obras asociadas a infraestructura de los sectores comunicaciones, telecomunicaciones, aduanero, fronterizo, hidráulico, hídrico, medio ambiente, turístico, salud, vías férreas, ferrocarriles, energético, puertos y aeropuertos.

Antes de la votación unánime, la comisionada del INAI, Julieta del Río, argumentó que el marco normativo federal vigente prohíbe la clasificación previa de la información y “ordena a los sujetos obligados a realizar un análisis caso por caso en la clasificación de la información”.

El decreto presidencial contiene una “posible transgresión” del artículo 6 de la Constitución Política de México, que vulnera el derecho de acceso a la información. El pasado 23 de noviembre, López Obrador justificó su decisión señalando que tiene el objetivo de agilizar trámites burocráticos.

“Es un acuerdo para agilizar trámites y que por los trámites burocráticos no se detengan las obras”, respondió en conferencia de prensa a una pregunta sobre la razón por la cual firmó esa orden.

Todas las dependencias han quedado obligadas a entregar autorizaciones a las obras por un año, “en un plazo máximo de cinco días hábiles contados a partir de la presentación de la solicitud correspondiente”, y que si transcurre el plazo de una semana hábil sin que se emita una autorización expresa, “se considerará resuelta en sentido positivo”.

Los grandes proyectos del Gobierno son: una refinería en el puerto petrolero de Dos Bocas (sureste); el turístico Tren Maya de 1,500 kilómetros en la península de Yucatán; un aeropuerto en la principal base militar de Santa Lucia para servir a la capital; y un canal seco interoceánico con un ferrocarril en el istmo de Tehuantepec. En el Congreso, senadores y diputados opositores comenzaron a cuestionar el decreto presidencial.

El senador Emilio Álvarez, integrante del llamado Grupo Plural que reúne a legisladores disidentes de todos los partidos que han renunciado a su militancia, argumentó que con ese paso el país “avanzó muy peligrosamente hacia un Estado de excepción”. El ministro de la Suprema Corte en retiro Ramón Cossío escribió en su cuenta de Twitter que el decreto es “evidentemente inconstitucional”.

Sputnik