Jorge Quintana Silveyra.- En su afán de mantenerse en el pasado, para poder encontrar una manera cómoda de culpar a sus antecesores de su incapacidad para desarrollar una política de gobierno segura y firme para el pueblo de México, el presidente de la república insiste en consultar al pueblo bueno y sabio, para decidir si se aplica la ley o no, a los expresidentes del país.
Siguiendo el proceso que para el efecto señala la Constitución que nos rige, endosa al Senado la responsabilidad de aplicar el ansiado mecanismo que ponga en juego la política electorera, y meterse en el proceso electoral del próximo año.
En su función de protector de la ley y el pueblo mexicano, la Suprema Corte de Justicia de la Nación hace la evaluación de la constitucionalidad de la interrogante que, con una pésima redacción, el presidente López Obrador envió al Senado.
La resolución de la Suprema Corte debe responder a la definición de procedencia o no de la interrogante, para posteriormente pasar a la implementación de la citada consulta por el Instituto Nacional Electoral.
Excediendo sus facultades, el Magistrado Presidente de la citada Corte y en contra de una postura clara y contundente del ponente, que señala, que la pregunta es a todas luces violatoria de los derechos fundamentales de los sujetos que nombra la pregunta presidencial, el señor Lelo de la Rea cambia el texto para tratar de “enmendar el error” en que incurre el presidente y redacta una pregunta aún más confusa y violatoria de las obligaciones fundamentales de los encargados de procurar y administrar la ley,
Ahora, el Senado de la República debe proceder a enviar; previa aprobación, la solicitud de iniciar el procedimiento de consulta al INE, desgraciadamente para determinar si los funcionarios públicos son sujetos de investigación y sometimiento a la justicia.
El senador Monreal, en una actitud similar a la del Magistrado Presidente, respecto de su servicio al presidente de la República, pretende que la innecesaria consulta se realice el día de las elecciones del año próximo, violentando el mandato constitucional que establece el mes de agosto para celebrar las consultas populares.
Total que los encargados de cumplir y hacer cumplir la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, envueltos en su falsa vestidura de defensores del pueblo y de sus intereses, violentan reiteradamente el marco legal en su falso afán de representar la voluntad popular, escondiendo su incapacidad para desempeñar las funciones para las que fueron electos y designados.
El trasfondo electorero de la consulta se hace cada vez más evidente y en esas mentes, en esas pobres intelectualidades está el futuro de México. ¡Vaya destino que nos aguarda a la vuelta del camino!
