La justicia es ciega, sorda, tartamuda y muy caprichosa… En el sentido más romántico del estudio de las leyes, se dice que “la justicia es ciega”, lo que significa que al juzgar, se deben tener los ojos físicos cerrados para que sean los ojos del espíritu los que juzguen y se imparta justicia con verdadera e imparcialidad.
Este es un concepto casi utópico, pues en la realidad, en nuestro estado de Chihuahua, la justicia es ciega, sorda, tartamuda, perezosa, caprichosa e incluso prostituta, no por esencia, sino por la perversión de aquellos que la practican y la aplican a su antojo.
Desafortunadamente, la ley es manipulada, corrompida y ridiculizada por aquellos que dicen defenderla. No dudamos de que existan abogados serios, jueces imparciales y expertos en leyes que trabajan día a día para hacer que se aplique la justicia como debe ser, pero tienen que enfrentarse a una banda de pillos y bandidos que se hacen llamar abogados, como Javier Corral. En vez de abrazar las convicciones de los verdaderos defensores de la justicia, ellos siguen el grito de guerra de los egresados de la UNAM “del que no tranza no avanza”. Aquí en Chihuahua, existen funcionarios públicos que les dicen “quítate que ahí te voy”.
Por ejemplo, miles de habitantes de Chihuahua fueron defraudados por la compañía llamada Aras y hay 6,202 denuncias contra sus accionistas principales y funcionarios. De ellas, solo 1,645 han sido judicializadas con una carga penal de 74,466,280 millones de pesos y 332,441 dólares.
La fiscalía ha tenido todo tipo de facilidades para los defensores, incluso, aún no está claro, quién y por cuanto estaban liberando a terceras personas, posesiones incautadas para asegurar el pago de los afectados, una anomalía que se reportó en los medios y después, silencio absoluto, aquí no ha pasado nada. Solo que al contrario de las contemplaciones a los defensores el juez exigió ya a la fiscalía, que se concluyan las investigaciones complementarias.
Como que le corre prisa al juez para exonerar a los presuntos, un caso totalmente opuesto es el del ex gobernador César Duarte, a quien le tienen en prisión preventiva por más de dos años sin haberle probado ante un juez su culpabilidad y sin que el Juez en cargo se preocupe por llevar la denuncia que el exgobernador tiene levantada en contra de Gregorio López Morales y el ex Secretario de Tesorería Fuentes Vélez, en un caso que está directamente involucrado, pues según denuncia Duarte, Morales, Fuentes y Corral conspiraron para falsear información con tal de lograr su extradición y ha levantado denuncias muy concretas que la Fiscalía del Estado, tiene “archivadas” para proteger con ello a los corralistas.
Tan es así, que el diputado por Morena Óscar Castrejón Rivas, exige que sean investigados los funcionarios antes mencionados, pues se da a entender que están siendo protegidos desde la fiscalía misma. La acusación es muy puntual y fácil de comprobar.
Duarte acusa a Gregorio Morales de haber instruido a la entonces Directora Jurídica de la Secretaría de Hacienda para que corrigiera y modificara diversos oficios enviados por dicha dependencia y por las cuales hay sendos acuses de recibos, para que se simulara que en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no existía ni evidencia ni información de los traspasos y los acuerdos que los amparaban en tiempo y forma para constatar la existencia de evidencias de que esos fondos si fueron transferidos y llegaron a sus destinos, perversamente se cambiaron para que se pudiera conformar la causa penal 3041/2019, que fue la única causa por lo que se logró la extradición del exgobernador.
Es la Fiscalía,quien decide a quién defiende a quién persigue y a quién ignora. Curiosamente, parece ser una fiscalía muy empeñada en cuidar los intereses de Javier Corral, pues el Auditor Superior del Estado, Héctor Acosta Félix confirmó ya ante el Tribunal de Justicia Administrativa y Fiscalía Anticorrupción el daño al erario público y patrimonio del estado que Javier Corral Jurado realizó con contrataciones simuladas de reestructuración de deudas bancarias realizadas con la persona moral López Elías Finanzas S.C. por 98 millones de pesos, sin que existan evidencias de que se prestaron los servicios mencionados.
Amén de que hay muchísimas denuncias administrativas y penales por la contratación ilegal de créditos realizados por el Instituto Chihuahuense de la Salud por más de 401 millones de pesos, adquiridos en un procedimiento totalmente al margen de la ley y súmenles los 24 millones de pesos que “por error” confundieron como activos cuando obviamente eran pasivos, lo que significaría que esos milloncejos siguen en el aire.
Agréguele usted que también en tiempos de Corral, la Secretaría de Desarrollo Rural presentó documentos falsificados desde el primero de enero hasta el 31 de diciembre fingiendo que pagaban a beneficiarios del programa “Atención a Siniestros Agrícolas en el Sector Rural” por lo que ya se promovieron sendas denuncias, que todavía y misteriosamente “siguen suspendidas en el aire”.
A todo esto, todos nos seguimos preguntando por qué el “Chueco” sigue libre, porque con cambios de fiscales y supuestas reingenierías sigue habiendo tantos muertos cada fin de semana y entonces observamos que hay un patrón, un indicio de que solo persiguen lo que quieren perseguir siempre y cuando no andan atropellando puestos de tacos. Lo dicho “sorda, ciega, tartamuda, holgazana y medio meretriz”.
