Aída María Holguín Baeza.- El pasado mes de mayo, con la publicación del “Acuerdo por el que se dispone de la Fuerza Armada permanente para llevar a cabo tareas de seguridad pública” para complementar la función de la recién nacida Guardia Nacional, el gobierno de la 4T edificó el primer tramo del camino hacia el militarismo.
En esa primera fase, el presidente Andrés Manuel López Obrador facultó legalmente a los elementos del Ejército y la Marina para ejecutar una docena de funciones de seguridad pública que, hasta ese entonces, solamente eran competencia de los cuerpos policiales civiles.
Hoy, a tan solo 5 meses de distancia, hay un notorio avance en la construcción del segundo tramo de ese irracional camino. Es decir, el avance de la Fase II que incluye la intervención del Ejército y la Marina en el control de las 49 aduanas (terrestres y marítimas) y los más de 100 puertos que hay en el país.
Si a eso le sumamos que el presidente López Obrador le ha encomendado a la Sedena la tarea de construir el nuevo aeropuerto internacional Felipe Ángeles, casi 300 cuarteles de la Guardia Nacional, 2 mil 600 sucursales del Banco del Bienestar y dos tramos del Tren Maya, queda en evidencia que el presidente está facilitando y potencializando la participación de la Sedena y de la Semar en todo tipo de tareas de carácter esencialmente civil.
Es cierto que no es la primera vez que algún gobierno recurre a la Sedena para construir obra pública. El detalle es que, en tan poco tiempo, el actual gobierno le haya dado manga ancha a la Sedena y a la Semar para realizar una serie de tareas que “casualmente” están relacionadas con los proyectos que el presidente López Obrador considera prioritarios y fundamentales para lograr la “cuarta transformación de México”.
No conforme con todo eso, ahora el presidente López Obrador está creando el “Servicio de Protección Federal para cuidar las instalaciones gubernamentales”; un cuerpo de seguridad al que, a decir del mismo presidente, podrán unirse militares en retiro; o sea, personas con formación militar.
Es innegable pues que, como bien lo señaló Héctor De Mauleón, en el gobierno de López Obrador los militares han adquirido más poder, mayores atribuciones y mayor visibilidad. Situación por la cual organismos nacionales e internacionales se han pronunciado en contra; es decir, contra del fomento, fortalecimiento y perpetuación del militarismo en México que, en nombre del “combate a la corrupción”, está liderando el presidente López Obrador.
El asunto es que aquello que, como candidato, tanto criticó López Obrador y prometió no hacer, como presidente lo ha fomentado, justificado, potencializado, formalizado, oficializado y legalizado.
En esta ocasión, concluyo citando lo dicho alguna vez por el profesor, periodista y precursor de la Revolución Mexicana, Librado Rivera: “El gobierno y el militarismo son instituciones aliadas. Al militarismo lo mismo le da que el que mande sea Rey, Emperador o Presidente. Su misión es sostener en el poder a todas las tiranías”.
