Maria M. Garayoa.- Gonzalo Boye (Viña del Mar, 1965) es el abogado del Presidente de Cataluña, Carles Puigdemont, y los miembros de su gobierno que en 2017 lo acompañaron a Bélgica después de haber hecho un referéndum sobre la independencia de Cataluña. Se exiliaron a Bélgica porque vieron venir que la justicia española les iba a condenar aunque organizar referéndums no es un delito en el código penal español. Y así se comprobó, porqué la justicia española condenó, de 9 a 13 años de prisión, a los miembros del gobierno de Puigdemont que se quedaron en Cataluña. Gracias al trabajo del abogado Gonzalo Boye y el equipo internacional de abogados con los que colabora, Puigdemont y los otros exiliados catalanes continúan en libertad a pesar de los esfuerzos de la justicia española para extraditarlos y encarcelarlos.
Desde que se hizo cargo de la defensa de los independentistas catalanes, a Gonzalo Boye le han cerrado sus cuentas bancarias, le han hecho cuatro inspecciones de hacienda y tres de trabajo, le han entrado ladrones en el despacho dos veces de noche sin que las cámaras de seguridad grabaran nada y le han abierto una causa penal por unos supuestos delitos de blanqueo de capital y de falsedad de documentos.
La causa penal contra Gonzalo Boye se basa en las declaraciones voluntarias de dos antiguos clientes suyos, ambos encarcelados. Boye sostiene que los dos hombres mienten y que tiene pruebas. Uno de los hombres, Puentes Saavedra, está condenado por narcotráfico y también hay indicios muy sólidos que cometió un asesinato en Colombia. A pesar de la gravedad de los delitos, Puentes Saavedra salió en libertad tras declarar contra su antiguo abogado. Dos meses después de la declaración del narcotraficante y presunto asesino, la policía registró el despacho del abogado y le confiscó el teléfono móvil para hacer una copia del contenido.
A pesar del acoso al que está sometido, Boye no se ha rendido. Él y cuatro asociaciones de abogados catalanas han presentado una querella contra la jueza, el fiscal y una magistrada por presuntos delitos de encubrimiento del asesinato y prevaricación. Boye ha recusado la jueza y pidió al Tribunal Constitucional que no permita que nadie acceda a su teléfono ya que contiene información confidencial sobre su trabajo de abogado defensor. En una entrevista al diario Vilaweb, Boye explica que cree que sus clientes independentistas acabarán ganando, pero que él lo tiene muy difícil. Está convencido de que su persecución es obra de grupos autónomos con mucho poder, que operan desde dentro del Estado español y que quieren hacerle pagar su defensa de los independentistas catalanes.
