Jorge Faljo.- Estamos cercados por el coronavirus y por el hambre. Los pocos centros de salud y el único hospital de la región no cuentan ni con lo más elemental. Y no hay quien nos contrate como peones o albañiles. Las empresas de hortalizas en el norte del país están recortando trabajadores y muchos de sus familiares jornaleros se quedaron sin trabajo y sin dinero y tienen dificultades para regresar a sus pueblos.
La mayoría de nuestros hijos que están en Estados Unidos están desempleados, encerrados en pequeños cuartos y ya no nos envían remesas, que era nuestro ingreso más seguro. El precio del maíz se duplicó y lo mismo sucede con el huevo, el aceite, el tomate y los productos de limpieza. La crisis alimentaria es inminente.
Todo lo anterior lo dice el Concejo de Comunidades Indígenas de la Montaña, en el estado de Guerrero, en una carta dirigida al presidente de la república y al gobernador del estado. Es la situación de decenas de miles de familias en más de 300 comunidades rurales de 15 municipios.
Solicitan un programa alimentario de urgencia para hacer frente a la grave amenaza de hambre en la región. Concretamente piden que se entreguem a cada familia 100 kilos de maíz, 20 kilos de frijol, 10 kilos de arroz, dos litros de aceite, sal y sopas.
La terrible descripción que hace este concejo de comunidades debe ser tomada como un aviso de la evolución en puerta para otras regiones. Lo que puede ser desastroso para millones de mexicanos.
Aquí caben varias consideraciones. El gobierno actual es el que más ha ampliado y fortalecido las transferencias de ingresos a la población más vulnerable del país. Contrasta con la ineptitud de la anterior Cruzada contra el Hambre.
A pesar de ello en este país las transferencias a unos veinte millones de gentes en pobreza alimentaria, se quedan cortas con otros 50 millones de pobres que viven al día y con ingresos deteriorados o ausentes. Además, las transferencias son más bien un ingreso complementario, de auxilio ante ingresos familiares insuficientes.
Es decir que los actuales mecanismos de transferencia no abarcan a todos los que van a requerir un apoyo. Tampoco cubren la disminución de los ingresos que complementaban.
Ante la crisis económica la prioridad es el derecho humano a la alimentación. Y esto requiere una estrategia de emergencia: la distribución de despensas físicas. Lo que no es descubrir el hilo negro; ya se empieza a hacer en países industrializados y ya se hace en varios lugares de México.
El gobierno del estado de Querétaro entregará despensas casa por casa en 18 municipios. Para ello contratará 1 mil 300 personas. En San Luis Potosí el plan es distribuir 110 mil despensas en coordinación con los 58 ayuntamientos que aportarían otro tanto; con lo que se alcanzarían 220 mil. Se atendería a población vulnerable con preferencia a personas mayores en condiciones de marginación.
Puebla se prepara para distribuir paquetes con alimentos y artículos de higiene en las zonas más vulnerables de todos los municipios. El gobierno del estado señala que varios de ellos son productos locales y los otros adquiridos en la entidad.
En Nuevo León distribuirán provisiones a por lo menos 100 mil familias que no estén recibiendo otro tipo de apoyo federal o estatal. Los beneficiarios de 60 años o más, gente con padecimientos crónico degenerativos o personas con discapacidad, recibirán estos paquetes en sus hogares para que no tengan que salir de sus casas.
Cancún repartirá 250 mil despensas en una operación conjunta del municipio con el gobierno del Estado. Se entregarán ordenadamente en todas las casas, con apoyo de la Marina y la Guardia Nacional. Se pide paciencia a la población porque esto tardará entre 12 y 15 días y no deben tratar de acercarse a los camiones distribuidores.
La Ciudad de México reparte un Kit Médico Covid-19 a los enfermos de coronavirus con un termómetro, 28 cubre bocas, paracetamol, gel antibacterial y una despensa para 15 días para apoyar su cuarentena.
Las despensas típicas incluyen productos no perecederos como frijol, arroz, lentejas, harina de maíz, sopas de pasta, aceite, azúcar, atún, café, sal, y en algunos casos también otros como jabón, cloro, toallas sanitarias y papel higiénico.
El recuento anterior revela buenos empeños, pero son apenas manchitas sobre el gran mapa geográfico y social de la nación que subrayan una enorme ausencia: La del gobierno federal y en concreto de Seguridad Alimentaria Mexicana, Segalmex, que con sus más de 25 mil tiendas Diconsa es la más vasta red de distribución en zonas populares.
Pero Segalmex no puede moverse; el año pasado sus directivos impusieron una oferta de productos invendibles en el medio rural. Enfrentaron e ignoraron la experiencia en comercialización rural de la organización que opera las tiendas e impusieron una oferta de productos determinada centralmente.
Al grado que la Coordinadora Nacional de los Consejos Comunitarios de Abasto denunció ante la Cámara de Diputados ese desa-cuerdo y los productos que sus consumidores no aceptaban. Entre ellos carnes en conserva, frutas deshidratadas y concentrados de sabores, pilas, anti piojos y algunos medicamentos. Productos que pueden consumir frescos, que no necesitan o que pueden comprar mejor en otro lado.
Pidieron en cambio que en las tiendas haya manteca vegetal, harina de trigo, café soluble, cereales, pastas, aceite, jabones, detergentes, alimentos agropecuarios, machetes, clavos, limas, grapas y alambre de púas, entre otras cosas.
La discrepancia no es menor. Los almacenes de Diconsa están abarrotados de productos que las tiendas comunitarias regresaron por invendibles. No solamente obstruyen la distribución. Al no venderse constituyen una pérdida que no permite financiar nuevas compras.
Es un capital de trabajo desperdiciado por haber sustituido la participación social por prepotencia. La situación requiere de una intervención de mayor nivel que ponga a Segalmex – Diconsa en las condiciones de operación que el país requiere con urgencia. Hay que prepararse para varias rondas de reparto de despensas a toda la población vulnerable.
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