Algo muy turbio pasó en Chihuahua
Dr. Fernando Antonio Herrera Martínez.- El hecho grave de que un presidente violente y pase por encima de la ley para exhibir a ciudadanos es algo que no debemos permitir los ciudadanos, porque dejar hacer, dejar pasar, nos llevaría a un autoritarismo que desafortunadamente ya hemos vivido en otras épocas. Un regreso al pasado autoritario es algo que los mexicanos debemos impedir porque significa volver a tiempos de sufrimiento y pobreza, con sometimiento y ausencia de libertad.
Lo hecho por el presidente debe marcar o propiciar un golpe de timón que, ojalá, diera el mismo presidente, corrigiendo su conducta y pidiendo disculpas al pueblo de México; o por lo menos que el Congreso asuma lo que le corresponde: llamar a su atención y sus responsabilidades. La ley nunca es ni será retroactiva, pero ya se puede juzgar a un presidente por cualquier delito y eso es lo que deberíamos hacer, aunque solo sirva para sentar un precedente.
Ahí sí que procede una demanda ciudadana de revocación de mandato por pérdida de confianza. La vida de personas como Carlos Loret está en peligro o puede ser objeto de secuestro (por los montos económicos dados a conocer por AMLO) y el Estado debería preocuparse por eso y salvaguardar esa vida puesta en riesgo por dar a conocer esos datos, poniéndose fuera de la ley y reflejando una total ausencia del estado de derecho que vulnera las instituciones, con el riesgo de caer en un escándalo de talla internacional si algo le pasara al periodista o a personas expuestas indebidamente por la máxima autoridad del país.
Desquitarse con el mensajero no resuelve el problema o en plural: los problemas, por el contrario, estimulan la impunidad y abuso del poder, sea quien sea el que origina el mensaje. Perder esa perspectiva puede dañar, de hecho dañó, irreversiblemente al país y a su principal figura, que es la encargada de salvaguardar la aplicación de la ley, amén de cumplirla a rajatabla.
Nadie tiene el derecho de menoscabar la integridad de otros, lo dicen la Constitución y otras leyes secundarias. Violar las garantías individuales es, por decir lo menos, un delito, en este caso cometido por el propio presidente de la nación. El delito en cuestión se cometió a la luz de los artículos 69, 111, 114-A y 114-B, todos del Código Fiscal de la Federación. Además de una clara violación al artículo 16 constitucional en lo que se refiere al derecho humano a la protección de los datos personales.
Terquedades
Los distractores han servido para tender cortinas de humo sobre asuntos que preocupan, pero no siempre funcionan. Hoy somos testigos de que el asunto menor, que no lo es, no ha podido ser cubierto por nada, así se trate de generar incertidumbre con socios estratégicos del tamaño de naciones como España o Panamá, sin dejar de lado retrocesos que se proponen y que son violatorios de tratados internacionales como el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá y el acuerdo climático de París. Cuando un tema es de interés público, como es el caso de José Ramón López, no puede taparse con manto alguno, hay que explicarlo y transparentarlo, pero de ninguna manera ni bajo circunstancia alguna desquitarse con el mensajero.
En otro tema: Algo turbio pasó en Chihuahua con ese ahorro de los diputados, que ya cobró una vida. La Fiscalía debe deslindar responsabilidades siguiendo el dinero, su huella es clara, a voces se dice qué hicieron. Hay que apretar tuercas y dar ejemplo de que las cosas han cambiado.
