Específicamente, el proyecto propone declarar inconstitucional el decreto del 31 de mayo de 2022 que impide la venta de “los Sistemas Electrónicos de Administración de Nicotina, Sistemas Similares sin Nicotina, Sistemas Alternativos de Consumo de Nicotina, cigarrillos electrónicos y vaporizadores”.
El Ejecutivo Federal se fue por la alternativa más gravosa, como es la prohibición absoluta.
“Esta Segunda Sala concluye que el Decreto impugnado no constituye una medida necesaria porque existen medidas alternativas que, siendo igualmente idóneas para lograr los fines constitucionalmente válidos que se persiguen, resultan menos lesivas para la libertad de comercio”, señala.
