Daniel Valles.- Hace dos años se daba el anuncio. Las delegaciones del gobierno federal en los estados, con sus respectivos delegados, se transformarían. Por ello y para ello, el Congreso aprobó entonces la creación de una nueva figura que funcionaría como enlace entre las secretarías de Estado y los gobiernos estatales: los superdelegados.
A partir del 1 de diciembre del 2018 entraron en función en todas las entidades federativas. De inmediato la oposición, se opuso. La justificación del gobierno electo en ese momento era el ahorrar intermediarios, evitar corrupción y hacer eficientes los programas federales.
Las nuevas unidades llamadas “Delegaciones de Programas para el Desarrollo” serían encargadas de coordinar las acciones entre las autoridades estatales y municipales y el Ejecutivo federal. Los superdelegados, los encargados de promover los planes y programas del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. De inmediato surgieron las protestas.
El PRI criticó que los superdelegados eran, en la práctica, operadores electorales, pues los nuevos superdelegados del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, además de un enlace entre el gobierno federal y los estados, tendrán el control presupuestal de los programas sociales y la lista de beneficiarios de éstos.
El PRI era el poseedor de la “patente” de tal sistema. “La idea de los superdelegados da la impresión de ser más bien una fábrica de precandidatos”, dijo el senador priista Miguel Ángel Osorio Chong.
Dos años después, no se puede decir que el senador y la oposición se equivocaron. Son varios los superdelegados que han dejado su cargo para contender por la gubernatura de sus estados. Entre ellos están: Víctor Manuel Castro, en Baja California Sur; Indira Vizcaíno, en Colima; Pablo Amílcar Sandoval, en Guerrero; Hugo Flores, en Morelos; Manuel Peraza, en Nayarit; Gilberto Herrera, en Querétaro, y Lorena Cuéllar, en Tlaxcala.
Y también, a dos años de distancia, existe la evidencia de un problema que se planteó entonces y que hoy está ocupando las primeras planas de los periódicos y de los comentarios editoriales: El rompimiento del pacto federal, algo que estaría lejos de ser posible, pero que se maneja como “el petate del muerto” por parte de gobernadores de oposición.
Silvano Aureoles, de Michoacán, decía entonces: “Es sin lugar un intento por vulnerar el pacto federal. Lamentamos que se hayan hecho oídos sordos a los planteamientos de la Conferencia Nacional de Gobernadores”.
Una docena de gobernadores del PAN y el entonces mandatario electo de Jalisco, Enrique Alfaro (Movimiento Ciudadano) también señalaron que las funciones de los superdelegados violaban la soberanía de los estados.
Así y cubriendo las formas constitucionales, se dieron los cambios para que los superdelegados tomaran posesión, a pesar de las protestas de la oposición. Dos años después cabe la pregunta: ¿Tuvieron razón los opositores?
Esta semana se ha dado a conocer la lista de los superdelegados que están emproblemados en el país. Los motivos son diversos, pero se agrupan en una sola palabra: Corrupción.
Ese “fenómeno” que se dice y se asegura, ya no existe en las altas cúpulas del gobierno de nuestro “cada día menos querido presidente, especialmente en Tabasco, Andrés Manuel López Obrador”.
La lista es larga. 16 de los 32 delegados ya tiene denuncias por diversos delitos, los que van desde peculado, violencia de género, nepotismo, tráfico de influencias, negligencia, desvío de recursos y otros más. Claro, nada se ha comprobado, aún.
Muchos de ellos cumplieron la profecía de la oposición. Son los candidatos naturales a la gubernatura de sus respectivos estados, con la excepción de uno o dos que sirven de comparsa al régimen desde otra posición, como Hugo Erick Flores, del nuevo y resucitado “PES” o Encuentro Solidario.
El primer y más grave caso es tal vez el de Jalisco. Carlos Lomelí, superdelegado, fue descubierto cuando una investigación periodística señaló que tenía una red farmacéutica de nueve empresas con contratos de más 164 millones de pesos en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, por lo que Lomelí renunció a su cargo. Ahora es investigado por la Secretaría de Función Pública (SFP) por tráfico de influencias y conflicto de interés.
Aldo Ruiz fue dirigente de Morena en Aguascalientes, de 2015 a 2018. Antes también fue vocero del movimiento estudiantil #YoSoy132. Actualmente está siendo investigado por la SFP por desvío de recursos en los programas sociales de la Secretaría de Bienestar.
En Chiapas, Aguilar Castillejos fue dirigente de Morena en 2018, es investigado por la SFP por uso irregular de los programas sociales a su cargo en ese estado.
Cristina Cruz Cruz, exsecretaria de Finanzas de Morena en la CDMX, fue sancionada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) los primeros días del año, por utilizar los programas federales del gobierno para hacer promoción de Morena.
La lista incluye a los superdelegados de Colima, Coahuila, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, Sonora, Veracruz y Yucatán.
Creo que, ante una supervisión laxa, un interés desmedido por conservar y asegurar el poder, la operatividad de algunos de esos hombres y mujeres que ostentan un poder delegado, ha dado origen al abuso de autoridad en alguna modalidad.
Lo que provoca la aparición de una de las muchas caras que tiene la corrupción, la que sigue presente en la administración federal y lejos está de desaparecer, aún en las altas esferas del actual régimen.
Lo que se da a conocer sobre los superdelegados son otros datos. Ahí pues, El Meollo del Asunto.
