Dr. Fernando Antonio Herrera Martínez.- Me ha tocado vivir las tragedias de varios gobiernos indolentes con los migrantes, a quienes llaman ilegales, cuando migrar es un derecho humano. Recuerdo la tragedia de San Fernando en Tamaulipas y ahora esta, de Ciudad Juárez.
Puedo sumar tres más que no tienen que ver con migrantes pero que son tragedias similares: la del 2 de octubre de 1968, la del 10 de junio de 1971, la de la guardería ABC y agregar una cuarta, la desaparición de los 43 de Ayotzinapa.
De todos, solo Díaz Ordaz asumió las consecuencias en el discurso y trató de justificar al Estado, sin lograrlo; los demás han tratado de escurrirse de asumir esta responsabilidad. Todas estas tragedias tuvieron y tienen un costo político, que hoy en día no se olvida, quieran o no.
Mi generación ha sido testigo de todas. La pudrición del poder no cambia y siguen tratando de tapar el sol con un dedo. La gente no es, no puede ser moneda de cambio para sacar ventaja en el trato entre países. Desde Ronald Reagan a la fecha los presidentes han hecho el trabajo sucio a los Estados Unidos en su política migratoria.
El antes y el después de Andrés Manuel será esta tragedia cuya única culpa es del Estado Mexicano. Tratar como presos a los migrantes por no tener albergues y no abrir ese candado es lo que se califica como crimen de Estado, más allá de la clara responsabilidad penal de quienes estaban ahí. Esa es culpa, la otra es responsabilidad del Estado mexicano.
¿Qué nos pasa?
El clásico Héctor Suárez, genial actor, diría: ¿Qué nos pasa? ¿Cómo es posible dejar morir personas con la indolencia de los agentes de migración? ¿Cómo es posible que en el país haya personas con 18 años en la cárcel sin una sentencia? ¿Qué nos pasa con los derechos humanos firmados en 1993 en Viena?
La prisión preventiva oficiosa voltea los derechos fundamentales de “Nadie es culpable hasta que se demuestre lo contrario” por: ¡Eres culpable hasta que tú demuestres lo contrario!
En Chihuahua hay 3,600 presos con más de dos años en prisión sin sentencia. Entre ellos hay enfermos, personas adultas mayores, indígenas, mujeres con hijos en brazos… Y la Corte Interamericana ya está harta de que México no obedezca las sentencias. Hay llamados de la ONU y de la CIDH desde 1998 y México no obedece.
Creo que en Chihuahua tenemos una gobernadora que puede ser la punta de lanza para que México empiece a entender que existen esos derechos y que no son a contentillo de la autoridad. La justicia selectiva muestra lo peor del poder público.
Al igual que encerrar a los migrantes y dejarlos morir en lugar de abrir los candados, muestra el rostro indolente de la política migratoria de México. El mundo exigirá justicia a México por ese horrendo crimen. En Chihuahua hace falta recobrar la esencia humana en el ejercicio del poder.
