Lic. Maclovio Murillo.- El atributo principal de la Judicatura, en lo general, es sin duda su imparcialidad. Pero para que haya imparcialidad, necesariamente se requiere que los juzgadores de los diversos niveles, tengan independencia, pues sin ella, los jueces podrán hacer bien otra cosa, pero no impartir justicia porque para poder constituirse en árbitros imparciales en las disputas o conflictos que son planteadas a su potestad, requieren de estar solo sometidos a la Constitución Federal, los tratados internacionales celebrados conforme a la misma y las leyes respectivas, pero los jueces, jamás deben estar sometidos a algún gobernante, institución, persona o grupo de personas.
En los regímenes gobernados por personas que aspiran a controlarlo todo para imponer un estilo o sistema de gobierno que abarca no solo aquello que atañe a su competencia constitucional, requieren de imponer sus propias leyes a modo de sus “necesidades” e inclusive caprichos.
Por eso, para los que van embarcados en el camino que lleva a la dictadura, es más que necesario controlar al Poder Legislativo, que se encarga de aprobar las leyes.
Regularmente es a través de las promesas de poder y reparto de dinero público, como llegan a obtenerse las mayorías incondicionales en los Congresos que integran el Poder Legislativo; y de esa manera, es como el Ejecutivo logra el control del Poder Legislativo.
En México, la mayoría del Congreso de la Unión, actualmente está integrada por diputados y senadores del partido en el poder, quienes son incondicionales del presidente de la República. Y esa mayoría, se ha convertido en títere del titular del Poder Ejecutivo, pues esa mayoría de diputados y senadores, violando el debido proceso legislativo y el principio democrático deliberante, se ha dedicado a aprobar todas sus propuestas, sin cambiarles ni una sola coma, tal como se los ha instruido públicamente, sin reparo alguno y sin inmutarse siquiera.
Ya el Ejecutivo controla absolutamente la mayoría del Congreso de la Unión para aprobar las leyes que desea, sin importar que evidentemente sean inconstitucionales. Y así es como se ha estado obrando, pues se han aprobado muchas leyes sin atender los parámetros de regularidad constitucional y sin cumplirse los principios del debido proceso legislativo y de la democracia deliberante.
Sin embargo, al Poder Judicial de la Federación, el Ejecutivo Federal no ha podido controlarlo a su antojo. Y esto le punza y fastidia de sobremanera, a tal grado que es muy notorio el mal humor del presidente, cuando se refiere a ese poder de la unión.
Por eso es que el titular del Ejecutivo, sistemática y reiteradamente lanza acusaciones sin fundamento que se constituyen en una abierta campaña de odio y desprestigio institucional hacia el Poder Judicial de la Federación, calumniando un día sí y el otro también a sus integrantes, que no se han doblado y han continuado declarando inconstitucionales los actos que tienen esa calidad, sin importar que inclusive se trate de leyes aprobadas por el Poder Legislativo.
Pero en fechas recientes hemos visto que los embates del Ejecutivo hacia el Poder Judicial se han arreciado a un grado superlativo ya de dimensiones preocupantes, pues utilizando al Legislativo, se ha emprendido un ataque directo que tiene la intención de dejar sin presupuesto viable y sin recursos para que el Poder Judicial de la Federación pueda cumplir con sus obligaciones básicas, como lo son el pago de salarios de sus empleados y trabajadores. Es tan grave la campaña de odio emprendida, que se han eliminado los fidecomisos que son recursos propios de ese poder y de sus trabajadores y empleados, con la evidente intención de dejarlo sin la capacidad de funcionar.
El hecho es altamente preocupante porque cuando un jefe de estado emprende una campaña de odio contra los integrantes de otro poder, como el judicial, y trata de doblegarlo o evitar que cumpla su función constitucional para la que fue creado, a través de quitarle sus recursos económicos en su pretensión de evitar su funcionamiento, eso es signo inequívoco de que el camino al que se conduce al país es la dictadura, pues solamente los dictadores son proclives a evitar que los actos del Ejecutivo y el Legislativo sean controlados por el Poder Judicial a través del ejercicio de sus funciones propias para las que constitucionalmente fue creado.
¡Así, es cuanto!
