Dr. Fernando Antonio Herrera Martínez.- El respetado Ing. Octavio Legarreta, quien jamás debió ser molestado, mucho menos ir preso, salió rápido por el aval social y profesional que todos le dispensamos. Además del apoyo familiar, 45 años en gobiernos en más de cuatro estados, donde fue galardonado con dos medallas al mérito, en Chihuahua y Veracruz, fue primer lugar nacional en evaluación a delegaciones federales.
La crueldad es que fue acusado por un delito que nunca fue delito, pues Otho Valles demostró años antes la compra, la importación y el reparto de los granos, materia de la acusación. Fue rudeza innecesaria o una cruel omisión. Por eso, hago mías las expresiones de su familia.
Cito: “Dios por delante, con la dignidad en alto y con la conciencia tranquila. Fuerte abrazo a todos, Hasta que las Alas quiebren”. Me suenan poéticas.
En cosas del mundo y la condición humana: En otra de las historias de Jaime Herrera Corral, hace tiempo leí una o dos publicaciones de Don Jaime García Chávez. Recuerdo y parafraseo, pues no puedo citar textual. Comentaba que Jaime Herrera Corral se manejó como un gánster en la Unión deliciense que le dio empleo, donde dicen obligaba a empresarios a firmar acuerdos leoninos para reestructurar sus adeudos.
Si lo dicho es cierto, se explica el rencor de infinidad de deudores empresarios de la región, particularmente en Delicias, hacia Jaime Herrera Corral. El mismo que señala Don Jaime García Chávez que firmó dos acuerdos con el gobierno de Javier Corral, para recibir el “beneficio” o “criterio de oportunidad” que implicó reconocer su calidad de delincuente y partícipe de la red de corrupción que él mismo denunciaba; de ahí que debería regresar los recursos sustraídos ilegalmente, según su dicho. Entiendo que ser “sapo” no conlleva conservar el dinero robado.
El Lic. García Chávez abundaba y señalaba otra grave omisión de gobierno, al no procesar a Mario Trevizo, quien también habría aceptado haber hecho pagos ilegales a una compañía española; o sea, se declaró culpable y, por ello, al igual que Herrera Corral, debería restituir el recurso sustraído del erario.
Conclusión: ambos deberían ser sujetos a proceso o por lo menos restituir el dinero.
