Dr. Fernando A. Herrera M.- En Manhattan, en el juzgado de Katherine Polk, el fiscal Jay Clayton y el jefe de la DEA, Terrance Cole, desclasifican la acusación contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros nueve políticos, funcionarios y mandos policiacos que habrían pactado con “los Chapitos2 para proteger sus cargamentos de fentanilo a cambio de sobornos y patrocinio de campañas.
Según las acusaciones, los hijos de “El Chapo” ayudaron a Rocha Moya a ganar en 2021 intimidando rivales, llevando a la gente a votar en fila y vigilados y orientando el voto con amenazas en diversos municipios.
Esta es la postura de Estados Unidos, pero no es un caso penal más, para Trump, alcanza nivel de política exterior. La DEA califica al Cártel de Sinaloa como una organización terrorista y el mensaje es claro: “nadie está por encima de la ley, sin importar el cargo”.
Ahora bien, cabe señalar que el sistema estadounidense permite acusar con causa probable ante un gran jurado, sin mostrar toda la prueba, hay plazo de 60 días. Acusan primero y negocian después; curiosamente los acusados terminan aceptando penas menores que las planteadas inicialmente. Para Washington, enjuiciar a un gobernador en funciones, de México, extraditado a Nueva York, sería la muestra fehaciente de que la corrupción mexicana alcanza a los Estados Unidos.
Hasta aquí. Ahora cambiemos el enfoque.
La postura de México será inversa.
Si bien no ha defendido oficialmente a Rocha, en la corte donde se radicó el caso, sí ha marcado línea. Primero negó conocer la revocación de su visa, luego pidió “no especular” sobre aquel viaje a Estados Unidos, el día del secuestro de “El Mayo” y también rechazó las investigaciones estadounidenses acusando que carecen de “evidencia clara”, y se recurre al fallido caso Cienfuegos. Hay que recordar la frase constante: “cooperación sí, subordinación no” y “la soberanía no se negocia”. No es retórica.
En el sistema nuestro, desde la reforma de 2008, México opera un sistema acusatorio donde un juez de control exige datos de prueba públicos, con principios de publicidad y contradicción.
Si se hacen comparaciones.
Será donde chocan los trenes. EU acusa con indicios; México exigiría una carpeta consolidada.
Consecuencias que podría pagar México. Primero, la legal: si la FGR no abre una investigación espejo seria, Washington usará esa falta para justificar acciones unilaterales, como publicar más nombres de políticos con visas canceladas, incluso Trump podría usar su arma preferida: la arancelaria.
Segundo, el costo político. Porque sostener a un gobernador señalado de recibir dinero de “Los Chapitos” desgastaría la narrativa anticorrupción de Sheinbaum.
Tercero, lo estratégico. Rocha Moya no es el final, es apenas el plan piloto, porque luego viene un senador o un secretario de estado, etc. Trump necesita un culpable en la tele. Sheinbaum exigirá un proceso en tribunales mexicanos. Mientras ambos esperan lo que el otro no dará, Sinaloa y México seguirán poniendo los muertos. Y nos quedaremos con el peor saldo: protección a ultranza de los amigos, pérdida de respeto en Estados Unidos y más trabas y abusos a nuestros connacionales.
Dr. Fernando A Herrera. Periodista y politólogo, es Doctor en Administración por la UACH. Presidente del IEE Chihuahua (2006-2015); presidente de Instituciones Electorales de las entidades federativas en México (2014). Es autor de la trilogía “Secretos” filosofía para la vida cotidiana. Presidente y director general de chihuahuaexpres.com.mx
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