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Revocatoria del mandato presidencial y garantías para el ciudadano

Soc. Omar Jesús Gómez Graterol.- El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) está proponiendo un mecanismo electoral para que su gestión sea evaluada por la sociedad civil e interrumpida de no existir aceptación de las políticas adelantadas e implementadas por él y su equipo. Dicho mecanismo, denominado “Revocatorio del Mandato Presidencial”, supone tanto para el mandatario como para la ciudadanía en general riesgos y costos políticos. Para el primero, pudiera resultar en no poder avanzar en la concreción de su gestión, en tanto que para los electores significaría la no satisfacción de las expectativas con las que se capitalizaron sus votos en las campañas para la elección presidencial, entre otros.

Este procedimiento, si bien resulta innovador para México, no es desconocido en otros países del continente aunque, por supuesto, con la legislación correspondiente a cada uno. Ya hay antecedentes de su aplicación en otras naciones y la experiencia y resultados en dichos contextos merecen cierta consideración y reflexión. Lo indicado, puesto que si se aplica correctamente puede significar un avance y consolidación para la democracia mexicana. Pero, paradójicamente, también puede encarnar una herramienta perjudicial contra la misma porque se trata de un dispositivo de doble filo que debe ser tratado con cuidado y precaución.

En 2004 se efectuó un proceso similar (por no decir igual) y también innovador en Venezuela. Este evento no estuvo exento de polémicas entre los afectos y los contrarios al gobernante en turno. Y aunque el oficialismo en el gobierno resultó favorecido hay aspectos de este proceso que implicaron traumas para los trabajadores, tanto del sector público como del sector privado, llevando en muchos casos a los votantes al desespero.

Para activar esta prerrogativa democrática, impulsada por el propio presidente durante su campaña electoral, se requería de la recolección de firmas entre la población solicitando que se activara este instrumento legal. Muchas personas disconformes con las acciones ejecutadas por el regente de turno se volcaron en masa a estampar sus rúbricas en los cuadernos destinados para ello. Sin embargo, y luego de efectuada la consulta, con horror contemplarían cómo un diputado de nombre Luis Tascón haría públicas sus rúbricas, en lo que popularmente se conoció como “La Lista de Tascón”.

Este proceder por parte del hoy fallecido funcionario, lejos de cumplir un servicio que contribuyera a fortalecer el juego democrático venezolano, sirvió más bien para poner en evidencia las simpatías partidistas e ideológicas de los ciudadanos, lo que trajo resultados funestos para éstos. En tal sentido, se convirtió en un una suerte de exposición para que se identificara a los disidentes o “enemigos de la revolución bolivariana”, así como a los “amigos” de la misma.

De manera que aquellos que laboraban para los sectores gubernamentales y no gubernamentales donde los que se identificaban con el presidente y su partido eran mayoría, tuvieron como secuelas -a un acto legal y legítimo- que se les despidiera (no pudiendo conseguir cargos en ninguna otra dependencia pública) o, en el mejor de los casos, que nunca se les otorgara un ascenso o buena evaluación en los espacios donde laboraban.

Situación similar pasó en los escenarios contrarios u opositores al proyecto político causante de la disputa, donde parte del personal fue echado de sus empleos por sus tendencias ideológicas y al no participar en este proceso. Por largo tiempo la mencionada lista constituyó un elemento para impulsar o frenar el derecho a trabajar de la ciudadanía (y en varios casos para poder beneficiarse o no de programas sociales), de manera que resultó ser un episodio amargo en la historia del mencionado país sudamericano.

Ignoramos los detalles de los métodos bajo los cuales se llevará a cabo la recolección de firmas en suelo mexicano en este procedimiento que se tiene previsto para marzo de 2022.  Sin embargo, creemos que uno de los aspectos que se deben garantizar a los ciudadanos que solicitan la activación de esta operación es que el ejercicio de esta actividad no sea contraproducente para ellos. Al igual que en el voto por cualquier escaño, dentro de los cargos públicos, sus autografías deben ser solo manejadas por las instituciones y autoridades competentes con la reserva y discreción que amerita el caso, sin que se expongan sin su consentimiento preferencias políticas para que ello no derive en una suerte de ostracismo, persecución o algún tipo de coerción para favorecer o no al gobernante en funciones y sus simpatizantes.

En Venezuela, este recurso ya no volvió a ser aplicado como se evidencia a través de los años transcurridos, no porque no pudiera ser útil sino porque cayó en el descrédito y en el recuerdo negativo en la población. En efecto, esta última en gran medida asocia a éste a una suerte de cacería de brujas contra individuos que solamente quisieron demostrar de forma pacífica que estaban de acuerdo o no con la manera en la cual se estaban llevando los destinos de dicha nación.

No siempre es fácil “escarmentar en cabeza ajena” o “aprender de los errores de otro”. Sin embargo, bien vale la pena intentar hacer el esfuerzo en la presente ocasión para que la experiencia de otros nos ayude a superar vicios y escollos en donde los daños afectaron a la parte más débil y menos protegida: los votantes, pues los mismos, de forma directa o indirecta, fueron perjudicados por estas prácticas criticables y condenables desde todo punto de vista.

En el suelo mexicano, muchos de los procesos que se están dando guardan gran similitud con lo que sucedió a los venezolanos. Por ello, sería bueno revisar un poco esa realidad para evitar o ahorrar errores que han perjudicado al país hermano. Recordemos el refrán que reza que aquellos que no conocen la historia están condenados a repetirla. Y si bien no estamos seguros de que el contenido de esta máxima aplique en todos los casos, por lo menos, en esta ocasión, creemos que existen indicios suficientes para estar alerta pues hay condiciones que favorecerían que así sucediera.