La reforma energética enviada al Congreso por el presidente Andrés Manuel López Obrador y que fue aprobada el martes en la Cámara de Diputados, abre la posibilidad para que la CFE haga sus propios proyectos de energías limpias y para que todos los mexicanos, desde la persona que está en su casa, hasta el pequeño empresario, terminen pagando menos tarifa de luz.
Así lo expresó el diputado federal Ulises García Soto (Morena), al señalar que esta reforma beneficiará a los trabajadores, empresarios y por supuesto al consumidor.
“Acabamos de aprobar una de las reformas más significativas de esta legislatura, la reforma a la industria eléctrica que presentó el presidente Andrés Manuel López Obrador, es sin duda el primer paso para recuperar nuestra soberanía energética”, expresó.
En el 2014 el Congreso de la Unión aprobó la reforma de Enrique Peña Nieto, que abrió la posibilidad para que capitales privados y extranjeros pudieran vender la electricidad a CFE, con subsidios de la misma CFE y con contratos leoninos, unos cuantos generalmente extranjeros, hicieron grandes negocios a expensas de los impuestos de los mexicanos.
Señala el morenista que con esa reforma engañaron a los ciudadanos, pues les dijeron que iba a bajar la tarifa de luz, pero en realidad se terminó pagando un 35 por ciento más en el recibo de la CFE.
Entre los aspectos que contempla la nueva reforma señala que en cuanto al despacho eléctrico, el principal impacto es eliminar el criterio económico en el despacho de la electricidad a cargo del centro nacional de control de energía (Cenace), el operador del sistema eléctrico nacional
Sin importar cuál sea más barata, el Cenace deberá despachar primero la energía generada en las hidroeléctricas de la CFE, después la de combustibles fósiles y otras fuentes de la compañía del Estado, luego la eólica y solar de generadores privados y al final las de ciclo combinado de particulares.
AMLO consideró que el actual sistema de despacho, creado por la reforma energética de 2013 que abrió el sector a la inversión privada, “es uno de los grandes mecanismos destinados a establecer grandes privilegios a la generación privada, con grave perjuicio a la CFE”.
Referente a la revocación de contratos, la reforma pide “revisar la legalidad y rentabilidad” de los contratos de generación y compraventa del gobierno federal con productores independientes de energía.
También “obliga” a la comisión reguladora de energía (CRE), un órgano autónomo, a revocar los permisos de autoabastecimiento obtenidos “mediante la realización de actos constitutivos de fraude a la ley”.
Asimismo, demanda que los futuros permisos de generación “se encuentren sujetos a los criterios de planeación del sistema eléctrico nacional emitidos por la Secretaría de Energía (Sener)”, lo que implica subyugarlos a la voluntad del gobierno.
En cuanto a los certificados de energía limpia, la nueva legislación modificará las reglas de los certificados de energía limpia (CEL), un instrumento financiero creado por la reforma energética de 2013 para promover la instalación de nuevas plantas renovables.
La propuesta ordena que “el otorgamiento de CEL no dependerá de la propiedad o la fecha de inicio de las operaciones comerciales de las centrales eléctricas”, lo que significa que plantas viejas de la CFE puedan acceder a los certificados, que perderían su valor de mercado.
Juárez Hoy
