MÉXICO- Este miércoles 3 de noviembre vence el plazo que tiene el exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex) Emilio Lozoya para aportar pruebas sobre un presunto entramado de sobornos pagados a legisladores en 2013 para aprobar la reforma energética de Enrique Peña Nieto.
Tras décadas de soberanía constitucional sobre el petróleo mexicano, la iniciativa de ley del priista y antecesor de Andrés Manuel López Obrador modificó la carta magna para permitir que empresas privadas pudieran explotar el energético, un proyecto que fue aprobado mediante pagos discrecionales impulsados por la brasileña Odebrecht, de acuerdo con acusaciones del Gobierno federal.
Acusado de maniobrar la entrega de sobornos a legisladores de aquel Congreso de la Unión, entre quienes figuraría el excandidato presidencial Ricardo Anaya, Emilio Lozoya enfrenta un proceso penal en su contra en el que adquirió estatus de testigo protegido para revelar presuntos actos de corrupción que habrían facilitado el procedimiento de aprobación de la llamada reforma energética.
No obstante, este estatus de protección, la Fiscalía General de la República (FGR) advirtió en un comunicado el 11 de octubre que Lozoya tiene hasta este 3 de noviembre para aportar nuevas pruebas en torno al caso.
El exdirector de Pemex está acusado de operar recursos de procedencia ilícita, asociación delictuosa y cohecho.
De acuerdo con el Código Penal Federal, Lozoya podría recibir hasta 15 años de prisión por maniobrar recursos de procedencia ilícita, 14 años por cohecho y 10 años por asociación delictuosa, un total de 39 años, además de que podría ser acreedor a una multa equivalente a 5 mil 400 días de salario mínimo, es decir unos 765 mil 180 pesos (alrededor de 35 mil 780 dólares).
Además, el exdirigente petrolero estaría sujeto a enfrentar sanciones de acuerdo con lo estipulado en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, en tanto que era servidor público durante la comisión de los actos de corrupción que se le imputan.
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