Dr. Fernando A. Herrera M.- Los arrestos de los exgobernadores Ángel Aguirre (Guerrero) y Ernesto Ruffo (Baja California), este último metido a empresario, no huelen a justicia.
El tufo viene de una vieja y conocida receta llamada “caja china”, que no es otra cosa que un distractor político. Cuando el agua le llega al cuello al gobierno, el aparato del Estado no busca a los culpables; busca perfiles ideales para desviar la atención y la narrativa de su propia corrupción o de sus propios problemas.
Resulta inverosímil que la Fiscalía General de la República (FGR) haya necesitado doce años para recordar que Ángel Heladio Aguirre Rivero era el gobernador de Guerrero cuando ejecutaron y desaparecieron a los estudiantes de Ayotzinapa.
Fueron doce años de impunidad, silencio y complacencia que se rompen “justo ahora”, no por descubrir la verdad para las familias, sino para encubrir el vendaval actual. Para menguar el ciclón político que enfrentan, reactivan el caso de forma milagrosa porque requerían de golpes espectaculares que desviaran la atención de la sociedad. La justicia selectiva no es justicia, es cálculo político y, acaso, electoral.
En el caso de Ruffo, desnuda la perversión del sistema. Desde el primer momento en que supo de las investigaciones, el político de amplia trayectoria y reconocimiento acudió voluntariamente a las autoridades a entregar información transparente sobre el giro de su empresa: la tramitación de permisos.
Así anduvo meses, yendo y viniendo, con la decisión de ayudar y de limpiar el nombre de su empresa y el propio. Ruffo posee doble nacionalidad y si él hubiese querido le bastaba con cruzar la frontera. No lo hizo así; decidió hacer lo correcto.
Pero en cuanto estalló el escándalo del enorme buque cargado de combustible, cuyo contrabando se atribuía a personajes con un parentesco consanguíneo con personajes del más alto nivel de la política, el gobierno sacó su “caja china” para implementar un control de daños. Necesitaban con urgencia atrapar a un culpable para desviar el golpe recibido en el corazón de su narrativa.
Sí. ¿Quién mejor que Ernesto Ruffo? Aquel legendario primer gobernador de la oposición. Su nombre retumbaría hasta los últimos confines del mundo. Un hombre inocente y de buena voluntad está en Almoloya como un criminal de alta peligrosidad, pero es como le resulta útil para este gobierno.
La cruda realidad es que en México la justicia opera como una extensión de las oficinas de Comunicación Social del gobierno. Y no somos iguales, claro que no, porque no estamos igual que antes. ¡Estamos peor! El cinismo de este gobierno ha perfeccionado el uso del garrote judicial para fabricar culpables y proteger sus redes de corrupción.
¡Qué lástima que solo cambian los rostros en el poder! Aunque las peores prácticas del régimen autoritario mexicano permanecen intactas, con la diferencia de que ahora son más agresivas, descaradas y más perversas que nunca.
La nota loca: Nada más falta que Aguirre inculpe al secretario de seguridad para que se confirme que no hay investigación, sino fuego interno por los halagos de Washington al barman.
Rentabilidad
El acierto de redistribuir la riqueza se pervierte cuando el diseño de un programa social se somete a una mezquina manipulación electoral, y lo que en apariencia nació como una política pública para paliar las asimetrías históricas de nuestra economía, termina desvirtuándose por completo.
El ejemplo más diáfano es la pensión universal para adultos mayores. Lejos de ser un acto de beneficencia o una dádiva gubernamental, este programa funciona como una justa retribución del Estado por décadas de trabajo, consumo y aportación fiscal. Al ser universal, dignifica una vida de esfuerzo y elimina la humillante clasificación de la pobreza.
Sin embargo, la justicia implícita en la protección a los mayores se desdibuja cuando se utiliza como un cheque en blanco para validar otros programas sociales. Mientras unos se justifican por sí mismos —como las becas educativas que retienen el talento vital en las aulas—, existen otros dirigidos a la población en edad productiva que adolecen de fallas estructurales y pretenden objetivos de papel. Programas como la capacitación laboral de “Jóvenes Construyendo el Futuro” o la búsqueda de soberanía alimentaria con “Sembrando Vida” no se cumplen; son, en los hechos, una simulación.
El fracaso de estos programas es tan evidente como monumental porque, desde su origen, fueron diseñados para la rentabilidad electoral y el crecimiento de un padrón de militantes, por encima de los buenos propósitos o el desarrollo de capacidades.
El principal obstáculo para que califiquen como verdaderas políticas públicas radica en la mañosa estructura de los “Servidores de la Nación”, contratados como guardianes de la lealtad y maquinaria de movilización electoral. Esta vigilancia, a cargo de operadores con perfil netamente político, distorsiona los objetivos y devela una descarada corrupción discrecional.
Bajo reglas de operación laxas, que toleran empresas fantasma o terrenos donde no se siembra nada, los beneficiarios reciben transferencias mientras los “Servidores de la Nación” voltean a otro lado, cobrando la condición de permanencia y fidelidad a Morena.
Cuando un gobierno mide el éxito de su política social en las urnas, pierde legitimidad. Al desviar su misión, deja de gobernar para un país y se reduce a operar solo para los suyos. Es ahí donde los “Servidores de la Nación” ejecutan su doble función: localizar a familias necesitadas para inscribirlas y, al mismo tiempo, adoctrinarlas en una dependencia que asegure la continuidad del partido en el poder.
Rescatar el espíritu de una política social que detone el desarrollo económico exige separar las transferencias del calendario electoral. Nadie lo ha hecho en el pasado, y no hay razón para creer que este gobierno lo hará, aunque su eslogan anteponga a los pobres. Saben perfectamente que institucionalizar estos apoyos significaría dejar en libertad a millones de beneficiarios para votar por quien decidan. Por ello mantienen el control casa por casa, donde miles de operadores se encargan de que los padrones no sean públicos ni inalterables, ellos los manipulan y los blindan contra la transparencia, usando la narrativa oficial para lavarles la cara ante la disimulada sonrisa de quienes se benefician y el reclamo público de quienes los critican.
A diferencia de la pensión de adultos mayores, que consigue un fin claro, los programas para la población en edad productiva deberían tener una caducidad condicionada al aprendizaje y al empleo. El subsidio debe ser un puente temporal que incorpore a los jóvenes y a los pequeños agricultores a la economía formal. De lo contrario, todo se reduce a comprar votos con dinero público.
Mantener el rumbo actual bajo la excusa de la legitimidad popular es un riesgo social y fiscal insostenible. Usar el presupuesto para comprar voluntades en edad productiva, mientras se desmantela la infraestructura de salud, seguridad, educación y empleo, conducirá primero al estancamiento, luego a la recesión y, finalmente, a la ruina del país. El sistema está dañado de origen: lo que hoy se reparte de forma clientelar, mañana terminará por secar la base productiva que genera los impuestos.
La política social se ha convertido en una distopía donde el “bienestar” es solo el nombre de la propaganda, mientras que la dependencia y el voto condicionado son el costo de la supervivencia.
Dr. Fernando A Herrera. Periodista y politólogo, es Doctor en Administración por la UACH. Presidente del IEE Chihuahua (2006-2015); presidente de Instituciones Electorales de las entidades federativas en México (2014). Es autor de la trilogía “Secretos” filosofía para la vida cotidiana. Presidente y director general de chihuahuaexpres.com.mx
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