Dip. Omar Bazán Flores.- La reciente declaración del presidente Andrés Manuel López Obrador, en torno a que el mando de la Guardia Nacional pasaría a la Secretaría de la Defensa Nacional, resulta impensable; primero, porque sería un acto violatorio de la Constitución y encaminaría a nuestro país a un Estado dictatorial.
No se puede soslayar, que si bien la presencia de las Fuerzas Armadas generan un respaldo a las locales, los dichos del presidente advierten que quiera abordarse casi como imposición la intervención de la GN en tareas de seguridad.
Más aún cuando dicha condición ha sido cuestionada incluso por la Organización de Estados Americanos (OEA), al observar antecedentes perjudiciales, en países donde se ha implementado.
Desde la creación de la Guardia Nacional, se nos dijo que sería un cuerpo de carácter civil y aunque se advertía de su uso para fines de control nacional, con estas noticias, dichas versiones parecen acelerarse.
A mi juicio, y conforme al marco legal actual, es indudable que la participación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública y seguridad ciudadana tiene aspectos y efectos negativos. Sobre todo si se pasa por encima la legislación.
La militarización ha conllevado graves violaciones a los derechos humanos, más aún cuando esto en una práctica generalizada y es propio de un país antidemocrático y dictatorial. Por ello, la misma OEA ha señalado que su utilización debe darse de manera excepcional.
El presidente, Andrés Manuel López Obrador, en su conferencia de prensa del pasado lunes 8 de agosto del 2022, anunciaba que la Guardia Nacional dependerá por completo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), adelantando que emitirá un decreto para que el Ejército asuma el control operativo y administrativo del cuerpo de seguridad, creado al inicio de su presidencia como una corporación de carácter civil, por decisión del Congreso.
López Obrador dijo: “Voy a emitir un acuerdo para que ya por completo la Guardia Nacional dependa de la Secretaría de la Defensa (…) Quiero que sea la Sedena la que se haga cargo”.
El decreto descubre la intención original del gobierno de López Obrador para que la Guardia Nacional tenga un mando militar de forma permanente. Se trata de la mayor corporación policial de México, con más de 114,000 efectivos, de acuerdo con datos oficiales publicados a principios de este año. El anuncio quita el control a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y supone la mayor apuesta militar en materia de seguridad del sexenio.
Cuestionado, el mandatario ha justificado que su actuación está dentro de los márgenes de la ley y que es un cambio necesario para entregar “buenas cuentas” contra la crisis de violencia e inseguridad que azota al país desde hace casi dos décadas y para evitar que “se eche a perder”, en alusión a la extinta Policía Federal.
Ante este panorama, conminamos y exhortamos al titular del Poder Ejecutivo federal, presidente Andrés Manuel López Obrador, para que en el uso de sus atribuciones como Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas acate los principios acogidos por la Corte Interamericana y la Suprema Corte de Justicia de la Nación de excepcionalidad, necesidad, proporcionalidad, humanidad y legalidad en el uso de las fuerzas armadas.
No obviando que en México la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 29 prevé que el Ejecutivo federal pueda usar las fuerzas armadas en tareas de seguridad interior, en los casos previstos en la Carta Magna y previa autorización del Congreso de la Unión.
Ampliando los principios acogidos por México, suscritos en el informe aprobado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el 31 de diciembre de 2015, se establece que debe analizarse dentro del contexto objetivo del marco constitucional mexicano en función de la realidad del país, para que se pueda contrastar los efectos nocivos de violarlo en aras de un supuesto beneficio que sería combatir la crisis de inseguridad que padece el país, ello antes de que existiera la Guardia Nacional creada por López Obrador.
El referido informe hace énfasis en desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y tortura, así como la situación de inseguridad ciudadana, el acceso a la justicia e impunidad, la situación de periodistas, defensores y defensoras de derechos humanos y otros grupos especialmente afectados por el contexto de violencia de México.
Dentro del apartado “VIOLENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA”, destacan cómo en México se ha buscado aumentar la participación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública, lo que en términos de seguridad ciudadana tiene aspectos y efectos negativos, sobre todo cuando ello se convierte en una práctica generalizada y no excepcional.
Frente la situación de militarización que atraviesa México, la Comisión Interamericana manifiesta su preocupación ante la participación de las fuerzas armadas en tareas profesionales que, por su naturaleza, corresponderían exclusivamente a las fuerzas policiales.
En reiteradas ocasiones, la Comisión y la Corte han señalado que, dado que las fuerzas armadas carecen del entrenamiento adecuado para el control de la seguridad ciudadana, corresponde a una fuerza policial civil, eficiente y respetuosa de los derechos humanos, combatir la inseguridad, la delincuencia y la violencia en el ámbito interno.
En el continente americano, la experiencia demuestra que la intervención de las fuerzas armadas en tareas de seguridad interna en general viene acompañada de violencia y graves violaciones a los derechos humanos, se reitera.
Consiente en que no se debe eliminar de tajo la presencia militar en las calles, no sin antes observar un análisis integral. Esto porque la consecuente militarización, ha dado lugar al incremento en el uso excesivo de la fuerza.
Especialistas del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) y del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) realizaron un análisis del índice de letalidad, que es el número de civiles muertos por cada civil herido en situaciones calificadas por las autoridades como “enfrentamientos”. Estos índices resultan alarmantemente altos en México.
