Dr. Omar Bazán Flores.- La inminente expedición del reglamento de la Ley General de Economía Circular marcará un momento decisivo para el modelo ambiental mexicano y, particularmente, para miles de personas que durante décadas sostuvieron el reciclaje desde la informalidad.
Se trata de un documento que incluye 23 propuestas reglamentarias orientadas a otorgar certidumbre jurídica para los trabajadores conocidos por pepenadores.
Las personas recicladoras de base no son un grupo vulnerable más al que deba asistirse.
Son un actor económico distinto, el eslabón más importante en la cadena de recuperación de materiales, que ha operado históricamente sin reconocimiento, sin derechos y sin una retribución justa. El reglamento debe reflejar esta realidad, ha sostenido el Movimiento Nacional de Recicladores de Base en su impulso por el reconocimiento de sus derechos laborales.
Durante décadas, las personas recicladoras de base, conocidas popularmente como pepenadores, han sostenido en silencio una parte esencial del sistema ambiental mexicano. Sin contratos, sin esquemas de seguridad social y con una visibilidad institucional mínima, han sido responsables de recuperar toneladas de materiales que se reincorporan a las cadenas productivas del país.
Mientras gobiernos y empresas hablan de sustentabilidad, economía verde y manejo integral de residuos, son ellas y ellos quienes realizan el trabajo más básico y pesado del reciclaje.
La importancia de este cambio no radica únicamente en su inclusión en la ley, sino en el reconocimiento de una realidad largamente ignorada: el sistema de reciclaje en México no depende únicamente de la infraestructura gubernamental o empresarial, sino también del trabajo informal de miles de personas que recuperan materiales en tiraderos, calles, centros de transferencia y rellenos sanitarios.
En este contexto, la participación del Movimiento Nacional de Recicladores de Base resulta fundamental. Su intervención en el debate legislativo permitió replantear el enfoque tradicional, al pasar de una visión asistencialista que los considera únicamente como población vulnerable, a una que los reconoce como actores económicos esenciales dentro de la cadena de recuperación de materiales.
Este cambio de narrativa es significativo, pues abre la puerta a una política de inclusión productiva que podría consolidar un modelo de economía circular verdaderamente social, o bien, reproducir esquemas de exclusión bajo un discurso ambiental.
El reto ahora será convertir el reconocimiento legal en derechos concretos.
El propio contenido de las propuestas reglamentarias lo deja claro: el acceso a seguridad social, la integración a sistemas municipales de residuos, el pago justo por materiales recuperados y la participación en cadenas formales de reciclaje serán determinantes para evaluar la seriedad del nuevo modelo.
La transición hacia una economía circular no puede construirse únicamente desde escritorios gubernamentales ni desde grandes corporaciones ambientales. Debe incorporar a quienes, durante años, realizaron el trabajo que nadie quería hacer y que hoy resulta indispensable para la sustentabilidad del país.
