Dip. Omar Bazán Flores.- El objetivo 16 de la Agenda 2030, el documento global encaminado al desarrollo sostenible emitido por la Organización de las Naciones Unidas -ONU- “Paz, Justicia e Instituciones Sólidas”, por su solo nombre da cuenta de la importancia en su continuidad en toda sociedad.
No se puede soslayar que para lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible -ODS- son necesarias sociedades pacíficas, justas e inclusivas; también es importante que se dé a conocer cuál es la estrategia gubernamental para cumplir a cabalidad con los acuerdos.
Las personas de todo el mundo no deben tener temor a ninguna forma de violencia y tienen que sentirse seguras a lo largo de su vida, independientemente de su origen étnico, religión u orientación sexual.
A fin de avanzar en la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, necesitamos instituciones públicas eficaces e inclusivas que puedan proporcionar educación y asistencia sanitaria de calidad, aplicar políticas económicas justas y brindar una protección inclusiva del medio ambiente.
Para lograr la paz, la justicia y la inclusión, es importante que los gobiernos, la sociedad civil y las comunidades trabajen juntos para poner en práctica soluciones duraderas que reduzcan la violencia, hagan justicia, combatan eficazmente la corrupción y garanticen en todo momento la participación inclusiva.
La libertad para expresar las propias opiniones, en privado y en público, debe estar garantizada. Las personas deben poder participar en el proceso de adopción de las decisiones que afectan a sus vidas. Las leyes y las políticas deben aplicarse sin ningún tipo de discriminación. Las controversias deben resolverse mediante sistemas de justicia y política que funcionen bien.
Las instituciones nacionales y locales deben rendir cuentas y tienen que prestar servicios básicos a las familias y las comunidades de manera equitativa y sin necesidad de sobornos.
Los delitos que amenazan los cimientos de las sociedades pacíficas, incluidos los homicidios, la trata y otros tipos de delincuencia organizada, así como las leyes o las prácticas discriminatorias, afectan a todos los países. Incluso las democracias más consolidadas del mundo se enfrentan a enormes dificultades en su lucha contra la corrupción, la delincuencia y las violaciones de los derechos humanos en sus propios países.
La violencia armada y la inseguridad tienen un efecto destructivo en el desarrollo de un país, que afecta al crecimiento económico y que suele provocar agravios persistentes entre las comunidades.
La violencia, en todas sus formas, tiene un efecto generalizado en las sociedades. La violencia afecta a la salud, el desarrollo y el bienestar de los niños, así como a su capacidad para prosperar, provoca traumas y debilita la inclusión social.
La falta de acceso a la justicia implica que los conflictos quedan sin resolver y que las personas no pueden obtener ni protección ni reparación. Las instituciones que no funcionan con arreglo a la ley son propensas a la arbitrariedad y al abuso de poder, y tienen menos capacidad para prestar servicios públicos para todos.
La exclusión y la discriminación no solamente violan los derechos humanos, sino que también causan re-sentimiento y animosidad, y pueden provocar actos de violencia.
Estos fenómenos impactan de forma significativa en las personas que quedan expuestas a diversas formas de abuso, incluida la trata, la violencia y la toma de decisiones no inclusiva, viéndose especialmente afectados determinados grupos más vulnerables, como las mujeres y los niños.
Aunque cada vez son más los países que fortalecen sus esfuerzos para luchar contra la vulneración de los derechos humanos y para diseñar leyes y normativas que promuevan sociedades más justas, los esfuerzos parecieran insuficientes.
Para conseguir sociedades pacíficas e inclusivas que promuevan el desarrollo sostenible es necesario impulsar el estado de derecho a nivel nacional e internacional.
Esto significa promover sociedades basadas en: la transparencia y el buen gobierno, con instituciones públicas transparentes y responsables; el respeto a los derechos humanos, con ciudadanos que cuenten con las libertades y condiciones básicas para vivir en dignidad; y la paz y la estabilidad, con escenarios estables, donde los ciudadanos puedan ejercer sus derechos en igualdad y las instituciones puedan desarrollar sus funciones de forma segura.
