Diputado Benjamín Carrera.- En condiciones normales, el transporte público es un síntoma de competitividad de las ciudades y se advierte como muestra del bienestar de los centros poblacionales dado que facilita además de lo obvio, las inversiones, el trabajo, siendo en gran medida detonante del potencial social e incluso puede ser considerado como la clave para hacer a una sociedad más igual, toda vez que atiende una necesidad básica de la población.
En condiciones ideales, cuando se busca hacer una reestructuración en cuanto al transporte público, éste debe revalorarse partiendo de las funciones que cumple para la sociedad, cambiando paradigmas y optando por el subsidio a fin de sostener un sistema cargado de vicios profundamente arraigados y hacerlo de esta manera, un sistema sustentable, como ocurre en localidades de Estados Unidos, Rusia, Australia y Francia desde finales del siglo pasado.
Se habla de un subsidio dado que, el problema que enfrenta la organización del transporte, es la persistencia de un oligopolio sustentado por intereses de grupos de poder que imponen a través de mecanismos generalizados, decisiones de unos cuantos que afectan a la mayoría, anteponiendo intereses particulares a los de bienestar social, restando por ende el beneficio para la ciudadanía y afectando a los operadores.
Quizá esto último ya le suene conocido y nos recuerde que el Gobierno del Estado pasó por alto todo lo que exponíamos como ideal, cometiendo un atropello que fue señalado con toda oportunidad: lejos de apostar por un transporte eficiente y de calidad, se optó por encarecerlo y hacerlo menos asequible para la población, contraviniendo lo que la propia Constitución local establece.
Afortunadamente, el aumento a la tarifa de transporte es un abuso que no ha pasado inadvertido para las autoridades al reconocer mediante el juicio de amparo que este atraco es ilegal, violatorio de las leyes y sobre todo, carente de argumentos que justifiquen el que la población esté pagando $12 por un servicio que sigue siendo deficiente.
Tanto para la ciudadanía como para quienes nuestra entereza nos permite ser críticos ante el mal actuar de gobierno, las deficiencias en el transporte público en Chihuahua eran no solo evidentes sino un tema que debería haberse sometido al escrutinio público.
Teniendo en mente lo anterior, desde el pasado mes de abril fueron formuladas por quien hoy le escribe, una serie de preguntas dirigidas al Secretario General de Gobierno a fin de conocer qué datos, tanto poblacionales como diagnósticos, justificaban una decisión que a todas luces golpearía los bolsillos de la ciudadanía. La respuesta cumplió con los plazos que la Constitución otorga a las autoridades cuestionadas, pero no cumplió con dar respuesta ni justificación -por más fojas remitidas- a lo que se cuestionó, lo cual ya dejaba evidenciado en papel la falta de legalidad de semejante decisión.
Sin embargo, esto no ha sido lo único que se ha intentado: comparecencias de las autoridades responsables de los aumentos a las tarifas, mayor presencia de legisladores en el Consejo Consultivo para asegurar la representatividad de las y los chihuahuenses, múltiples llamados a la autoridad para reconsiderar el inminente aumento, pero la mayoría en el Congreso hizo oídos sordos creyendo quizá que su decisión sería inapelable.
Para fortuna de todos, quienes validaron en su momento la irregularidad no pasan desapercibidos por las autoridades judiciales, que coinciden con quienes hemos ya señalado la falta de transparencia y solidez argumental de tan atroz determinación, sentando lo que sería un precedente de arbitrariedad con implicaciones por demás significativas para casos similares a lo largo del país.
Habrá de decirse también que la recientemente aprobada Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, mandata para las autoridades la promoción y el incentivo del transporte público como elemento de la pirámide de la movilidad, y esto aplica desde luego para Chihuahua que, lamentablemente, mantiene el transporte además de en pésimas condiciones, a un precio que se encuentra entre los más caros de México, haciéndonos sentir muy lejos de aquellos países que en un principio le enumeraba y en los que el transporte público está subsidiado y es eficiente.
Conocemos ya las políticas atropelladas de la presente administración, que más bien podríamos decir que son de atropello, pero eso no nos detiene a apelar al buen juicio de quienes apuestan por una mayor rendición de cuentas, no solo como línea argumental sino como principio y medio para observar a la justicia y legalidad en las decisiones que afectan a la población.
Para fortuna de quienes encuentran en estas letras un espacio de coincidencia, podemos decir que la justicia a veces es lenta, pero siempre es segura; aunque pareciera que tarda en llegar, como quien viaja en autobús, podemos tener la certeza de que llega en mejores unidades que las que en Chihuahua siguen circulando. A todos nos llega.
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