Carlos Angulo Parra.- Ante el mar de críticas del régimen a la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, por el incidente acaecido en la sierra de Chihuahua donde, supuestamente, intervinieron agentes de la CIA en un operativo en donde se desmanteló un narcolaboratorio por el Ejército Mexicano y la policía ministerial de Chihuahua, sin que hubiera habido autorización ni información a las autoridades federales mexicanas, tenemos otro evento en donde Estados Unidos interviene en asuntos relacionados con el narcotráfico.
A ese respecto, durante un evento de inversión industrial en Los Mochis, Sinaloa, en donde el embajador Ronald Johnson, junto con el gobernador de Sinaloa, Rocha Moya, iban a una ceremonia para poner la primera piedra de una megainversión estadounidense industrial de mil millones de dólares, para el establecimiento de una fábrica de metanol, que fue interrumpida por comunidades indígenas que protestaban que no habían sido notificadas sobre dicha inversión, que corresponde a la llamada “consulta indígena”, necesaria conforme al Convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo (OIT), vigente en México, ratificado por el Senado desde 1991.
En el desarrollo de dicha protesta, los indígenas inconformes arrojaron la “primera piedra” de su lugar e impidieron la realización de la ceremonia. El gobernador Rocha Moya se quedó en el lugar para dialogar con los que protestaban, mientras el embajador Johnson se retiró a Los Mochis a un hotel, donde tuvo una rueda de prensa.
Ahí el embajador afirmó, según la cobertura y el análisis publicados por Los Angeles Times y reproducidos por medios mexicanos, que la corrupción es un obstáculo directo para la inversión y el crecimiento de México, haciendo hincapié en que el T‑MEC incluye compromisos para combatirla.
En ese contexto, Johnson advirtió que Washington sometería a juicio en Estados Unidos a funcionarios mexicanos sospechosos de vínculos con el crimen organizado. Johnson no anunció casos concretos ni presentó cargos, pero su mensaje fue leído como un endurecimiento del tono de la diplomacia estadounidense.
Mi comentario al respecto es que ahora, por un lado, tenemos a la presidente Sheinbaum rasgándose las vestiduras por una supuesta intervención en campo de gringos de la CIA, en donde se desmanteló un narcolaboratorio, y por el otro, el embajador de Estados Unidos advirtiendo que su país iba a procesar a políticos mexicanos involucrados en el narcotráfico o en actividades del crimen organizado.
Realmente estas situaciones son muy delicadas en nuestra relación bilateral con nuestro principal socio comercial, en el cual también ellos tienen a México como su principal socio comercial.
Estimo que si nuestra presidente no está involucrada, ya sea activa o pasivamente, en estas actividades criminales, lo mejor que puede hacer es llevar a cabo actividades conjuntas con los Estados Unidos para el combate al crimen organizado, quizás haciendo un anexo al T-MEC, en donde ambos países contraigan obligaciones mutuas en resolver esta complicada situación, dejando a un lado los complejos y oportunidades políticas de perjudicar a un partido de oposición ante el advenimiento de las elecciones de medio término, que involucra a 17 gubernaturas, y tomar al toro por los cuernos, caiga quien caiga.
Si nuestra presidente tiene cola que le pisen, se vendrán para ella y el régimen acontecimientos de suma gravedad de resultados reservados.
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