WASHINGTON- Redes de decenas de organismos no gubernamentales de Norteamérica y Centroamérica enviaron una carta abierta a los presidentes Andrés Manuel López Obrador y Joe Biden, y al primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, para denunciar presuntas violaciones a los DDHH de personas solicitantes de asilo y migrantes.
En el marco de la Cumbre de Líderes de América del Norte, las organizaciones exhortan a los tres gobiernos a “poner en el centro de sus conversaciones una visión regional de la migración, de los derechos humanos y de la protección humanitaria”, dice la misiva difundida en Washington.
Las organizaciones de la sociedad civil sostienen que desde el inicio de la administración Biden, en enero de este año, contabilizaron “más de 7 mil 647 reportes de secuestros y otros delitos violentos contra personas a las que se les bloqueó su derecho a solicitar protección o que fueron expulsadas bajo Título 42”, el cual autoriza la expulsión inmediata por razones sanitarias como la pandemia de coronavirus.
Asimismo, denuncian que en los últimos meses EU utilizó varios cientos de vuelos de expulsión para enviar a miles de personas al sur de México, Centroamérica y Haití, sin ofrecerles la oportunidad de solicitar protección, por lo que esta política “viola el derecho nacional e internacional”.
En algunos casos, las expulsiones provocaron que mujeres, hombres y niños fueran enviados por la fuerza a países que no son los de origen o en los que no han estado desde hace años y son expuestos a peligros e inestabilidad.
El documento indica que, tan solo considerando Haití, unas 8 mil 500 personas fueron expulsadas en más de 80 vuelos desde finales de septiembre, la mayoría bajo el mencionado Título 42 de las leyes sanitarias y migratorias estadounidenses.
Abusos de autoridades migratorias
Organizaciones como Al Otro Lado, Aldea – The People’s Justice Center, Alianza Américas, American Friends Service Committee y Apoyo a Migrantes Venezolanos, entre muchas otras, denunciaron además casos recientes de “abuso y conductas indebidas de agentes de la Patrulla Fronteriza de EU y de las autoridades migratorias mexicanas y agentes de seguridad”.
Estos agentes de ambos Gobiernos también han sido acusados en repetidas ocasiones de “complicidad y de tolerar secuestros y ataques contra la población migrante”, por lo que los hechos “resaltan la necesidad urgente de solucionar el racismo institucional y corrupción y de desmilitarizar la política migratoria de la región”.
En resumen, el documento señala que aunque las autoridades reconocen la necesidad de proteger los derechos humanos y la seguridad de las personas migrantes, “todavía no se cumple con esta obligación”.
Las organizaciones aseguraron que la Cumbre de América del Norte es un foro adecuado para que los tres países trabajen juntos y amplíen las oportunidades de acceso a la protección internacional, además de crear rutas alternas en la región, sin obstaculizar ni restringir el derecho a solicitar asilo en las fronteras y puertos de entrada.
Señalan además que están sumamente preocupadas porque pese a los compromisos para manejar debidamente el flujo migratorio, las políticas y prácticas implementadas en los últimos tiempos por EU y México “son muestra de un sistema cruel, ineficiente e ilegal”.
El sistema migratorio “está basado en la disuasión que viola y menoscaba el derecho internacional de los derechos de las personas solicitantes de asilo y los derechos humanos”, sostienen.
Finalmente, piden a los tres gobiernos que actúen rápido usando los mecanismos jurídicos existentes para ofrecer protección a las personas desplazadas y así “crear nuevas vías para todas y para las familias que han sido forzadas a escapar” por la violencia, la pobreza y el creciente impacto causado por el cambio climático.
Otras organizaciones firmantes son Border Kindness, Border Organizing Project, Casa del Migrante en Tijuana, Ayuda Humanitaria al Migrante, el Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova, Espacio Migrante y el Grupo de Trabajo Sobre Política Migratoria.
Sputnik
