Lic. Héctor Ramón Molinar Apodaca (Facilitador Privado).- En la vida pública existen principios que deberían ser tan elementales que nadie tendría que recordarlos. Sin embargo, la historia política de México demuestra que cuando esos principios se olvidan, el daño a la sociedad puede prolongarse por décadas.
Al iniciar su gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador resumió en tres frases lo que, según él, debía guiar el servicio público: no mentir, no robar y no traicionar. Más que un lema político, esas palabras reflejan una exigencia ética básica para cualquier persona que aspire a ejercer poder en nombre del pueblo.
La corrupción que durante muchos años afectó a México no nació de un día para otro. Creció lentamente en sistemas políticos donde la mentira, el abuso del poder y la traición a la confianza pública se volvieron prácticas toleradas. Por eso, cuando López Obrador llegó a la presidencia, con un discurso centrado en la honestidad y la austeridad republicana, millones de ciudadanos vieron en ese mensaje una esperanza de cambio.
Hoy, bajo la presidencia de Claudia Sheinbaum, ese compromiso ético enfrenta nuevas pruebas. El país continúa en un proceso de transformación política que busca romper con inercias del pasado, pero también enfrenta resistencias y contradicciones propias de cualquier proceso democrático.
Un ejemplo reciente se encuentra en el debate sobre la reforma electoral promovida por el gobierno federal. La propuesta no logró alcanzar la mayoría constitucional necesaria en el Congreso, en parte porque algunos legisladores de fuerzas aliadas –e incluso del propio movimiento gobernante– decidieron votar en contra. Las razones pueden ser diversas, pero el hecho abre una pregunta legítima para la reflexión pública: ¿hasta qué punto las decisiones políticas responden al interés nacional y hasta qué punto a intereses personales o de grupo?
Uno de los temas que con frecuencia genera inconformidad ciudadana es el sistema de diputaciones y senadurías plurinominales. En teoría, este mecanismo busca garantizar pluralidad y representación de minorías políticas. En la práctica, sin embargo, muchos ciudadanos perciben que se ha convertido en una vía para que ciertos actores políticos se mantengan durante años dentro de las estructuras del poder.
No es raro observar cómo algunos nombres aparecen repetidamente en distintas legislaturas: hoy como diputados, mañana como senadores y posteriormente nuevamente como diputados. Esta rotación constante provoca una pregunta inevitable: ¿es ético que la política se convierta en una carrera permanente de cargos públicos?
La pregunta no pretende descalificar a nadie en particular. Más bien, busca abrir un debate necesario sobre la esencia del servicio público. Porque la política democrática no debería ser una profesión destinada a garantizar estabilidad personal o privilegios, sino una vocación temporal orientada al bien común.
Esta reflexión no se dirige exclusivamente a un partido político. Tampoco se limita a hombres o mujeres, ni a identidades particulares. La exigencia ética en la política debe aplicarse por igual a todos quienes aspiran a representar a la sociedad. La integridad no depende de la ideología, ni de la identidad personal, sino del compromiso real con la verdad, la honestidad y la lealtad al pueblo.
México necesita servidores públicos que comprendan que el poder no es un premio ni un patrimonio personal. Es una responsabilidad moral frente a millones de ciudadanos que depositan su confianza en quienes los representan.
Servir al prójimo implica renunciar a la tentación de servirse del prójimo. Significa actuar con transparencia, decir la verdad incluso cuando es incómoda y colocar el interés del país por encima de cualquier beneficio personal.
Hoy, además, México vive momentos complejos en el escenario internacional. Las presiones políticas provenientes de Estados Unidos —especialmente en el contexto de las posturas del presidente Donald Trump— exigen un país unido, con instituciones sólidas y con representantes que actúen con responsabilidad histórica.
En tiempos así, la ética pública deja de ser un discurso y se convierte en una necesidad nacional.
Tal vez la pregunta más importante que debemos hacernos como sociedad es sencilla, pero profunda: ¿están nuestros representantes políticos dispuestos a vivir verdaderamente bajo el principio de no mentir, no robar y no traicionar?
Si esos tres principios se convierten en una práctica real, la democracia mexicana puede fortalecerse y recuperar plenamente la confianza ciudadana. Pero si se olvidan o se utilizan solamente como consignas, el riesgo es que la esperanza de transformación vuelva a diluirse.
La política, al final, no debería ser un camino para acumular poder, sino una oportunidad para ejercer el servicio. Y ese servicio comienza siempre por algo muy simple: actuar con honestidad.
