Dr. Fernando A. Herrera M.- El sistema electoral mexicano nació entre acuerdos de caudillos, sin oportunidad real para nadie ajeno, pese a las rebeliones militares en dos de las primeras elecciones (1940 y 1952).
El primer atisbo democrático nace con los diputados de partidos que autorizó una mini reforma electoral durante el gobierno de López Mateos.
En 1977, el presidente López Portillo encargó a Don Jesús Reyes Heroles la reforma que se considera el verdadero punto de partida de la transición democrática en México.
La crisis económica heredada por Don Miguel De La Madrid y el fatal y demoledor terremoto de 1985, propiciaron descontento que se reflejó en crecimiento del partido opositor PAN. El control de daños obligó a una reforma que retuviera el predominio del PRI.
La reforma de 1986, aumentó los diputados plurinominales de 100 a 200 y creó el Tribunal de lo Contencioso Electoral, pero incluyó una “Cláusula de gobernabilidad”, que aseguraba ocho puntos adicionales al partido ganador. Esto aseguraba la mayoría, aunque, tiempo después, se les revertiría.
En ese año, era gobernador de Michoacán, el hijo de Tata Lázaro, Cuauhtémoc Cárdenas, por el PRI.
En 1987, Cuauhtémoc, Porfirio Muñoz Ledo, el embajador Guevara y otros líderes, formaron la Corriente Democrática, dentro del PRI, para exigir que el candidato presidencial se eligiera de forma democrática, y no por “dedazo”.
Ante la absoluta cerrazón de la cúpula priista, Cárdenas rompió con el PRI y se convirtió en el candidato del Frente Democrático Nacional (FDN) para las elecciones de 1988.
La necesidad de legitimidad, por la caída del sistema y las protestas por fraude en 1988, que encabezó Cárdenas, obligaron al presidente Salinas de Gortari, a negociar una profunda Reforma Electoral. Se fundó el Instituto Federal Electoral en 1990 para sacar a la Secretaría de Gobernación de las elecciones.
Se creó el padrón electoral, se introdujo la credencial para votar con fotografía para evitar duplicidad de votos y se reformó la Cámara de Senadores para permitir que la primera minoría tuviera escaños.
En 1994 se incluyó la figura de “consejeros ciudadanos”, restando peso a los partidos y al gobierno en las decisiones. En 1996 se alcanzó plena ciudadanización del IFE. El secretario de Gobernación sale del Instituto que cobra autonomía constitucional, otorgando poder real a su Consejo General. Esta madurez institucional permitió la histórica alternancia presidencial del año 2000.
Tras la polarizada elección de 2006, se otorgó al IFE un control absoluto y exclusivo de los tiempos de radio y televisión para fines políticos, prohibiendo a particulares comprar propaganda electoral. También se comete la tropelía de incluir en la reforma, que cada partido político tuviera su logotipo separado en la boleta. El ciudadano ya no votaría por una “coalición”, sino por un partido dentro de las alianzas que se dieran.
El candado diseñado en 1996 de los ocho puntos de sobrerrepresentación se manipuló de forma descarada al contar los votos de las coaliciones por partido, que propició que la fórmula de sobrerrepresentación permitiera alianzas estratégicas para que el tope del 8% se aplicara por partido.
En otro hueco, en los convenios de coalición, los partidos acordaban a qué siglas “pertenecía” un candidato y así postularlos bajo las siglas de partidos aliados más pequeños (como el PVEM o el PT).
Al ganar el distrito de mayoría relativa, el triunfo se contabiliza al partido pequeño. Al final, el partido mayoritario parecía tener menos triunfos de mayoría, lo que le permitía recibir diputados plurinominales por la vía del 8%.
Esta tropelía daría una ventaja temporal al PRI y al PAN, después se volvería un bumerán en contra.
En 2014, la reforma disolvió el IFE y creó al INE, con un mayor alcance legal y territorial. El INE asumió facultades que eran de los institutos de cada estado (ahora OPLEs) y centralizó la fiscalización de los partidos, la redistritación y monopolizó el padrón. Pretendieron estandarizar la calidad de los procesos, con estándares de certeza, profesionalismo y equidad de género. Fracasaron.
En 2024 la coalición de Morena, PT y Verde, obtuvo votos muy cerca del 54% para el Congreso y al repartir los distritos por partido, restaron triunfos a Morena, pero para sumarlos a sus aliados PVEM y PT, de tal modo que con casi el 75%, garantizaron la mayoría calificada en la Cámara de Diputados.
El INE y el TEPJF validaron el reparto, obligados por la ley, tras la reforma de 2007. Así, aquella reforma de 2007 facilitó la ingeniería electoral para construir esta súper-mayoría.
Como dice el refrán: a puñaladas iguales, el que llore, es cobarde.
Chihuahua requiere estructura nacional
En esta batalla electoral de Chihuahua para 2027, las mediciones apuntan hasta ahora hacia un dilema que, quieran o no, se presentará:
Por un lado, una estructura territorial construida por Cruz Pérez Cuéllar en la mayor parte del estado, que es paralela a los servidores de la nación.
Por el otro, la proyección nacional de un equipo que tiene a su disposición la estructura oficial de Morena y que respalda a la hoy senadora con licencia, Andrea Chávez.
En ambos wars rooms entienden de aritmética electoral y saben que en Chihuahua la popularidad puede ser engañosa, porque la batalla se gana o se pierde en la capacidad de movilizar a la gente el día D.
En el proyecto nacional que encabeza Adán Augusto, en representación de AMLO, saben que el triunfo de Andrea tiene respaldo en Juárez, pero insuficiente porque requiere trabajo de fondo en lugares impenetrables como la capital, entre otros municipios importantes.
El dilema tiene que decantarse por la estructura oficial construida desde el gobierno federal en ocho años, que es la misma afiliación que los apoyó en sus primeros cinco años sin presupuesto, contra la estructura que ha construido el alcalde con licencia y que no depende para nada del oficialismo. Algunos liderazgos son agua y aceite y, como en todo, no se mezclan, aunque pertenezcan al mismo partido como Morena. Es humano, aunque nunca aceptable.
La paradoja en Juárez es que con una sociedad que representa un número muy importante del listado nominal, nunca, nadie hasta ahora en su historia, ha logrado motivarlos para salir masivamente a las urnas, porque no hay nadie, ni candidato, ni poder humano o partido, que los haya logrado movilizar en masa.
En la historia de Juárez, han elegido alcaldes con 28%. Y a partir de las elecciones concurrentes, rara vez se acercan a los cuarenta. Una vez se proponen movilizarlos para elegir gobernador, a la siguiente para elegir presidente de la república, pero nunca han logrado más allá de lo mismo.
El comportamiento de Chihuahua capital, Delicias, Cuauhtémoc y Parral, es diferente. En Juárez no se dejan movilizar, su forma de ser no lo permite ni lo aceptan. Ellos deciden si van o no, y la hora que quieran, si es que deciden ir. En Juárez tienen un orgullo especial de pertenencia y en su libertad sagrada toman su decisión en sus propios tiempos.
Esta costumbre cultural de los juarenses pulveriza cualquier narrativa de liderazgo local. No hay sobre la tierra nadie capaz de mover a un juarense si no lo decide él mismo.
Por ello, es impredecible saber si el “Día D” salen o no a las urnas. Sólo ellos lo saben. Como pueden quedarse en casa a descansar, ver deportes o una película, y hasta si prefieren trabajar ese domingo, como también cumplen con ese deber cívico.
Ganar la alcaldía de Juárez no es comparable con ganar el estado. La estructura creada está limitada a la zona fronteriza y algo de la sierra, y aunque ha demostrado ser eficaz, contrasta con los que saben. Y es que ese conjunto sería insuficiente para contrarrestar la maquinaria instalada de la oposición combinada en el resto del estado.
Si a la presidente le interesa un compromiso o una cuota de poder local, tendría que resolver el dilema siguiendo su instinto o ir por el estado. Al decantarse por uno o por otro proyecto el dilema se resuelve. Esperemos a saber si decide ella o sigue con los de Tabasco.
Chihuahua significa para el gobierno de Morena un polo estratégico de resistencia política, y un espacio clave, porque es el mayor –y con mucho– exportador de México. Por eso lo quieren, con mayor razón en tiempos de tensión binacional.
La lógica en Palacio Nacional tendrá que ser rebelde o pragmática, porque debe decidir por el apoyo a un liderazgo local –con fuerza territorial centrada en Juárez– o por el proyecto de corte nacional que dispone de sus tres pilares:
1.- Servidores de la nación,
2.- Programas sociales y,
3.- La estructura del bienestar
Conclusión:
La encuesta como trámite, la movilización como destino. Si las encuestas favorecen a liderazgos locales, por el factor de conocimiento del nombre, la realidad sociopolítica de Chihuahua les cambia el rumbo.
Gobernar el municipio de Juárez, bajo sus propias reglas, es entendible, por algo se dice que Juárez es Juárez, así sea con apatía, eligen a quien quieren y cuando quieren. A ellos les importa Juárez. Sólo Juárez
Dr. Fernando A Herrera. Periodista y politólogo, es Doctor en Administración por la UACH. Presidente del IEE Chihuahua (2006-2015); presidente de Instituciones Electorales de las entidades federativas en México (2014). Es autor de la trilogía “Secretos” filosofía para la vida cotidiana. Presidente y director general de chihuahuaexpres.com.mx
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