Dr. Fernando A. Herrera M.- El Sistema Electoral Mexicano nació entre acuerdos de caudillos, sin oportunidad para nadie, y sobrevivió a rebeliones militares en dos de sus primeras elecciones (1940 y 1952).
El primer atisbo de una democracia incipiente nació cuando una reforma mínima a la ley electoral creó los diputados de partido, en el gobierno de López Mateos (1958-1964).
En 1977, el presidente López Portillo, por alguna razón, tal vez ligada a la llamada década perdida, encargó a Don Jesús Reyes Heroles, entonces secretario de Gobernación, una reforma que es considerada como el verdadero punto de partida de la transición democrática en México.
Años después, la crisis económica heredada por Don Miguel de La Madrid, y el fatal y demoledor terremoto de 1985, propiciaron el descontento social que se reflejó en el crecimiento del partido opositor más importante en ese tiempo, el PAN. El control de daños obligó al PRI a una reforma que conviniera a todos, pero que conservara el predominio del congreso para el PRI.
Aquella reforma (1986), duplicó los diputados plurinominales de 100 a 200, creó el primer Tribunal de lo Contencioso Electoral e incluyó una ventajosa y arriesgada “Cláusula de gobernabilidad”, que aseguraba ocho puntos adicionales al partido ganador para asegurar la mayoría en el reparto, aunque, con el tiempo, se revertiría.
En ese año, todavía era gobernador de Michoacán, el hijo del “Tata Lázaro”, Cuauhtémoc Cárdenas, por el PRI. Y precisamente él, Porfirio Muñoz Ledo, y el embajador de México en España, González Guevara y otros líderes, formaron la Corriente Democrática, dentro del PRI, para exigir que el candidato presidencial se eligiera de forma democrática, y no por “dedazo”.
Ante la absoluta cerrazón de la cúpula priista, Cárdenas rompió con el PRI y se convirtió en el candidato del Frente Democrático Nacional (FDN) para las elecciones de 1988.
La necesidad de legitimidad, por la caída del sistema y las protestas generalizadas reclamando fraude en ese 1988, encabezadas por Cárdenas, obligaron al presidente, Salinas de Gortari, a negociar una profunda Reforma Electoral. Fue así como se fundó el Instituto Federal Electoral en 1990 para sacar a la Secretaría de Gobernación de las elecciones.
También se creó el padrón electoral y se introdujo la credencial para votar con fotografía, para evitar la duplicidad de votos y se reformó la Cámara de Senadores para incluir a la primera minoría con escaños.
En 1994 se incluyó la figura de “consejeros ciudadanos”, restando peso a los partidos y al gobierno en las decisiones. En 1996 se alcanzó la plena ciudadanización del IFE.
El secretario de Gobernación salió del instituto que cobraba autonomía constitucional, otorgando poder real a su Consejo General. Esta madurez institucional permitió la histórica alternancia presidencial en el año 2000.
Tras la polarizada elección de 2006, se otorgó al IFE un control absoluto y exclusivo de los tiempos de radio y televisión para fines políticos, prohibiendo a particulares comprar propaganda electoral. También se cometió la tropelía de incluir en la reforma que cada partido político tuviera su logotipo separado en la boleta, aunque participara en coalición. El ciudadano ya no votaría por una “coalición”, sino por un partido dentro de las alianzas que se formaran.
Esa pifia, a propósito, propició que el candado, diseñado en 1996 para agregar 8 puntos de sobrerrepresentación, creó un vacío que dejaron a la manipulación ventajosa y descarada, al contar los votos de las coaliciones por partido, hizo de la fórmula una sobrerrepresentación multiplicada y que se permitieran alianzas estratégicas para que el tope del 8% se siguiera aplicando por partido.
En otro hueco, hecho a propósito, se incluyó la facultad de que en los convenios de coalición, los partidos podían acordar bajo qué siglas “competía” un candidato, dejando en manos de los partidos una peligrosa manipulación.
Al ganar un distrito de mayoría relativa, el triunfo se contabilizaba para el partido más pequeño. Al final, el partido mayoritario parecía tener menos triunfos de mayoría, lo que le permitía recibir diputados plurinominales por la vía del 8%.
En 2014, la reforma disolvió el IFE y creó al INE, con un mayor alcance legal y territorial. El INE asumió facultades que pertenecían a los institutos de cada estado, ahora OPLEs, y centralizó la atribución de fiscalización a los partidos, al igual que la redistritación y, de paso, monopolizó el padrón. Pretendieron estandarizar la calidad de los procesos, con estándares de certeza, profesionalismo y equidad de género. Fracasaron.
En 2024, la coalición de Morena-PT-Verde, obtuvo votos muy cerca del 54% para el Congreso, y al repartir los distritos por partido, restaron triunfos a Morena, pero para sumarlos al PVEM y PT, de tal modo que se adjudicaron casi el 75%, de los escaños para garantizar la mayoría calificada en la Cámara de Diputados.
El INE y el TEPJF validaron el reparto. La ley lo permitía. Así, la reforma de 2007 facilitó la ingeniería para construir la supermayoría.
Cómo dice el refrán: a puñaladas iguales, el que llore, es cobarde.
¿Listas negras? La polémica de los bots
La última emisión del programa “Derecho de Réplica”, conducido por la consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde, desató una intensa confrontación política y mediática. La funcionaria exhibió un detallado mapeo digital con nombres de comunicadores, políticos de oposición y ciudadanos críticos, un acto que la oposición y diversos gremios periodísticos calificaron de inmediato como una estrategia de intimidación y como la creación de “listas negras” desde el aparato gubernamental.
Tanto la consejera como la presidente Sheinbaum salieron en defensa del ejercicio, rechazando categóricamente la censura y asegurando que se trató, únicamente, de un estudio técnico sobre la manipulación de la conversación pública mediante granjas de bots.
El ecosistema digital de la baraja
Durante la transmisión llevada a cabo en el Salón Tesorería de Palacio Nacional, Alcalde presentó un informe que abarcó el monitoreo de redes sociales entre el 1 de enero y el 8 de agosto, bajo el argumento central de que existe una “red de amplificación digital” coordinada para atacar a la administración federal.
En este juego de vencidas políticas, el gobierno repartió las cartas de lo que llama un ecosistema de cuatro niveles articulados, donde el origen de todo se sitúa en la Sota. Esta posición la ocupan las cuentas de periodistas y empresas de comunicación que generan investigaciones u opiniones críticas, una lámina oficial donde figuraron nombres como Ciro Gómez Leyva, Carlos Loret, Joaquín López-Dóriga, Adela Micha, Denise Dresser y Aristegui Noticias.
El engranaje continúa con El Caballo, representado por las cuentas de actores de la oposición encargadas de trotar, retomar, editorializar y difundir los contenidos de esos periodistas y medios serios, incluyendo opiniones de los expresidentes Felipe Calderón y Vicente Fox, además de legisladores y dirigentes partidistas.
A este nivel se suman las cuentas anónimas o de ataque, conocidos como trolls, perfiles que el discurso oficial aduce que carecen de identidad real y que están dedicados a manipular la información usando un lenguaje agresivo y apodos contra la mandataria.
Finalmente, la pieza mayor de la estrategia, El Rey que corona este tablero, es una gigantesca red automatizada compuesta por más de 560 mil cuentas artificiales distribuidas a nivel global, programadas para multiplicar los mensajes de manera masiva y posicionar tendencias negativas.
“No son listas de enemigos”
Ante la ola de señalamientos que acusaban al gobierno de vulnerar la libertad de expresión y estigmatizar a la prensa, Luisa María Alcalde difundió aclaraciones públicas a través de sus redes y entrevistas radiofónicas. La funcionaria insistió en que no existe ninguna persecución, señalando que aparecer en el esquema no significa que el periodista esté coludido o financie la estrategia.
La postura oficial sostiene que lo presentado fue un análisis sobre cómo funciona el ecosistema digital de amplificación artificial de tendencias, donde una noticia o una opinión la puede emitir un periodista, sin que eso signifique que forme parte de una operación, ya que lo relevante es lo que ocurre después con los bots.
Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum respaldó la postura de su consejera jurídica, reiterando que su gobierno respeta la crítica y que el propósito exclusivo del ejercicio es transparentar ante la ciudadanía los mecanismos de manipulación digital que simulan un descontento social artificial en las plataformas sociales.
Estigma y riesgo público
Por otro lado, el bloque opositor, los columnistas y los defensores de los derechos digitales consideran que la justificación técnica del gobierno resulta, además de insuficiente, muy peligrosa. Argumentan que difundir listas con nombres y apellidos de comunicadores reales, dando a entender o afirmando que son parte de una estructura que conspira en contra del régimen genera un estigma grave.
Los periodistas enlistados en el informe manifestaron que este tipo de señalamientos detona olas de insultos y hostigamiento digital en su contra. Asimismo, recalcaron el abuso que implica utilizar recursos públicos para monitorear y exhibir a los medios críticos, quienes sostienen que no son enemigos del sistema, sino cronistas críticos del diario actuar gubernamental, concluyendo que la narrativa de que “todo es operado por bots” causa un daño irreversible y profundo al debate democrático.
Dr. Fernando A Herrera. Periodista y politólogo, es Doctor en Administración por la UACH. Presidente del IEE Chihuahua (2006-2015); presidente de Instituciones Electorales de las entidades federativas en México (2014). Es autor de la trilogía “Secretos” filosofía para la vida cotidiana. Presidente y director general de chihuahuaexpres.com.mx
Sígueme en mis redes:
https://www.youtube.com/@Chihuahuaexpres
En Facebook Fer Herrera Sota, Caballo y Rey
En el portal informativo chihuahuaexpres.com.mx
O en X (Twitter) Fernandoherrera.me
E-mail: fernando.herrera@chihuahuaexpres.com.mx
