Daniel Valles.- En 2018, millones de mexicanos votaron con esperanza por un cambio. Andrés Manuel López Obrador llegó al poder con la bandera de la honestidad como estandarte y la promesa de desterrar la corrupción “de raíz”. Seis años después, el país vive una contradicción profunda: aunque el discurso persiste, los hechos revelan un deterioro institucional y una percepción creciente de corrupción que recuerda, y en ciertos aspectos supera, los peores momentos del pasado.
El Índice de Percepción de la Corrupción 2024 de Transparencia Internacional colocó a México en el lugar 140 de 180 países evaluados, su peor posición histórica. El país cayó cinco puntos respecto a 2022, situándose con apenas 26 unidades sobre 100. Este indicador, con base en la opinión de expertos y empresarios en los países evaluados, en este caso, en México, señala no sólo el estancamiento, sino el franco retroceso en materia de integridad pública. La paradoja es brutal: el gobierno que prometió acabar con la corrupción es hoy uno de los peor evaluados del continente.
Uno de los ejemplos más alarmantes es el fraude en Segalmex, considerado el desfalco más grande de la historia reciente de México. Con más de 15 mil millones de pesos perdidos, el caso evidencia la falta de control, la debilidad de los mecanismos de fiscalización y la ausencia de castigos ejemplares. Todo esto ocurre mientras se ha desmontado buena parte del entramado institucional construido en sexenios anteriores para vigilar el uso de recursos públicos. Organismos como el INAI, fideicomisos científicos, culturales y de salud, han sido eliminados o debilitados en nombre de la austeridad y el combate al “neoliberalismo”.
A esto se suma el deterioro del estado de derecho y el debilitamiento de la transparencia. Lejos de fortalecer la rendición de cuentas, el actual régimen ha optado por concentrar decisiones en el Ejecutivo, opacando licitaciones, militarizando funciones civiles y limitando el acceso a la información. La reforma judicial impulsada recientemente busca transformar el Poder Judicial a partir de elecciones populares de jueces y magistrados, lo cual representa un riesgo potencial para la autonomía judicial y la imparcialidad de las cortes.
En materia de infraestructura, el panorama no mejora. Las megaobras del sexenio, como el Tren Maya, la Refinería Dos Bocas y el AIFA no han demostrado ser funcionales ni rentables, pese a inversiones multimillonarias.
La cancelación del NAICM —argumentando corrupción nunca comprobada— terminó costando más de 300 mil millones de pesos al erario, sin que se haya señalado a un solo responsable penal.
El tema de seguridad y violencia sigue siendo la gran deuda. El reciente hallazgo de un presunto campo de exterminio en Jalisco —con decenas de cuerpos y fragmentos óseos— remueve la herida de los miles de desaparecidos, que hoy suman más de 125 mil. La estrategia de “abrazos, no balazos” ha sido ineficaz. El crimen organizado se expandió territorialmente y durante seis años el gobierno negó la existencia de producción de fentanilo, ocultando un problema que estalló en el plano internacional.
El manejo de la pandemia también dejó profundas cicatrices. Con más de 800 mil muertes relacionadas con COVID-19, muchos decesos se debieron a la escasez de medicamentos, hospitales colapsados y decisiones erráticas, como la descalificación del uso de cubrebocas en los momentos más críticos. A pesar de una distribución reciente de medicamentos, la crisis de abasto persiste en muchas entidades.
Frente a este escenario, el único ámbito donde Morena sigue obteniendo resultados favorables es en el área de políticas sociales y percepción ciudadana. Programas como las pensiones universales, becas para jóvenes y apoyos directos mantienen altos niveles de aceptación. Sin embargo, esto no puede —ni debe— ocultar los retrocesos institucionales ni las prácticas de opacidad que se han multiplicado.
Lo preocupante no es sólo lo que ha hecho Morena, sino lo que ha deshecho: instituciones, equilibrios, contrapesos y confianza. La promesa del cambio se convirtió, para muchos, en una restauración autoritaria maquillada de justicia social. Si el combate a la corrupción fue el motor del movimiento, hoy es su mayor asignatura pendiente.
A la luz de los datos, el país no se encuentra en el umbral de una transformación, sino ante la urgencia de recuperar el terreno perdido. Y eso es, El Meollo del Asunto.
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