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Micro cárteles

Raúl Ruiz.- No es extraño saber que tenemos un grave problema de corrupción en nuestro sistema de justicia. A nadie extraña esto. Damos por hecho que es más fácil “arreglarte” con el juez, el fiscal en turno, el comandante de policía, el oficial de tránsito o el funcionario; que invocar la ley o acogerte al Derecho.

Se acrecienta la cultura del cochupo. Nadie reclama la deshonestidad policiaca, de los agentes del ministerio público o las extorsiones de los aduanales en la frontera. Desconocen cómo hacerlo o temen las represalias en estos tiempos sórdidos, donde “la vida no vale nada” (diría José Alfredo).

Por más que el presidente López Obrador se desgañita procurando una transformación de nuestro país, sus funcionarios voltean la cara y deciden ahondar más en el fango y en las heces del nefando quehacer político y la función pública.

México se encuentra inmovilizado por una gruesa costra de corrupción que lo envuelve y será imposible terminar con esto si no se toman medidas contundentes. La desfachatez con la que ya se conducen los que ostentan el poder, no tiene paralelo. La impunidad es una divisa de muy baja denominación, que se compra con desvergüenza.

Hoy pongo en evidencia el cuño del micro cártel de la aduana fronteriza, troquelado desde el inicio del mandato de AMLO, bajo el diseño de la entonces administradora de la aduana, cuyo esposo, un federal de nombre Omar Bolado, armó con tres autoridades en contubernio entre sí, para extorsionar a transportistas e importadores incómodos.

Un triunvirato delineado para sangrar a los que se resisten a pagar las cuotas ilegales en la aduana: Aduana, federales (hoy Guardia Civil) y ministerios públicos federales.

El micro cártel de la aduana, había sido desarticulado por Asuntos Internos de la corporación policiaca al despedir, o al menos cambiar de adscripción, a los dos principales operadores entonces: Omar Bolado y Teófilo Gutiérrez. 

El cargo de Omar Bolado lo tiene su segundo, Juan Camargo, pero se ha guardado mucho de abrirse como las plantas carnívoras, pues el caso de su antecesor lo pone bajo la lupa.

Hoy reaparece el modelo del micro cártel de la aduana con jugadores diferentes. En la aduana opera Mayté Ponce, quien de manera insólita, le brinca las trancas al nuevo administrador de la aduana, coronel Sabino Reducindo Ramírez, de quien se refiere a su persona como ingenuo y sin poder para detenerla en su negocio de extorsión a importadores.

En la Guardia Nacional ocurre lo mismo. Un par de elementos bajo el mando del comandante Manuel Villaseñor, se lo saltan y triangulan el negocio a sus espaldas con el tercer componente que es el agente del ministerio público federal, Horacio Neri Pérez, titular de la CÉLULA III-4 INVESTIGADORA Y LITIGADORA de la FGR.

Se pone al descubierto la reciente operación de este micro cártel de extorsión, por un pleito interno entre llanteros que importan neumáticos de desecho. Por un lado, Unión Ecológica, que hace sus importaciones legalmente, y que se resiste a pagar la cuota de peaje ilegal que les exige Mayté Ponce en la aduana y por el otro lado un sujeto de nombre Víctor Salas, quien está  “arreglado” con Mayté Ponce para cruzar sin documentación legal. 

Y para tener vía libre en carretera hacia el interior del país, se asocia con el comandante Holguín, destacamentado en Parral, a quien afectuosamente le apodan El Puma.

Ambos compraron una máquina trituradora de llantas, con la intención de sacar del mercado a Unión Ecológica, y de la manera más ruin, utilizan a los elementos de la Guardia Nacional para detener sus embarques, abusando de su autoridad, inventando supuestos delitos y anomalías en la documentación de sus importaciones.

El suplicio para recuperar vehículos y mercancía, es más desesperante que la angustia del señor K, en la obra de Franz Kafka… EL PROCESO, pues cuando comienza a “actuar” el tercer componente (el licenciado Neri), utiliza cualquier triquiñuela para mantener detenidos vehículo y mercancía, a sabiendas que no existe delito que perseguir ni anomalía que impugnar.

En la FGR, la confabulación es más profunda. Horacio Nery Pérez, igual que el resto de agentes del ministerio público federal, no podrían actuar con tales libertades sin la protección del delegado Ramón Badillo, quien es el que junta la polla utilizando como personero al coordinador de todos ellos.

Todo este culebrón ha brotado de las alcantarillas más fétidas de la FGR, por la denuncia pública que hizo en días pasados el señor Héctor Ortiz Armijo, de Unión Ecológica, porque ya lo agarraron de su puerquito y le detienen sus vehículos, le violentan los precintos y le levantan PAMAS injustificados, lo que obliga a CARTAPACIO a investigar a profundidad.

Los vicios que afloran en estas dependencias han sido documentados por este columnista a través de entrevistas con abogados litigantes que a pesar de sufrir estos abusos y ser sujetos de extorsión, no denuncian abiertamente las fechorías. 

Para su protección, guardo sus nombres y copias de sus carpetas donde se aprecian las intransigencias a las que son sometidos. Como dije al inicio de este trabajo, es más fácil “arreglarse” que perder tiempo y dinero, hasta que asfixian a sus víctimas, quienes no resisten más y pelean lo suyo, aunque en ello vaya de por medio la salud y su seguridad personal.

Si saben algo más sobre el tema, inbox, pero más les servirá esta información: Si sabes de algún acto de corrupción en FGR, denúncialo al 800-890-9780. Visitel.

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