Daniel Valles.- La política, cuando se le quita el maquillaje, es un ejercicio de poder y de decisiones incómodas. El nuevo escenario lo confirma sin rodeos: la titular del poder ejecutivo federal, Claudia Sheinbaum, está frente a un dilema que no admite simulaciones: Estados Unidos ya no está sugiriendo. Está exigiendo.
La acusación contra Rubén Rocha Moya no es cualquier cosa. No es un escándalo local que se diluye en la nota roja. Es una imputación construida desde el aparato judicial estadounidense, que vincula a actores políticos con estructuras criminales. Y aquí está El Meollo de este Asunto, ya no es combate al narco, es señalamiento directo a la clase política del actual régimen.
La respuesta inicial de la titular del Poder Ejecutivo federal ha sido la de siempre: pedir pruebas, cuestionar la fuente, defender la soberanía. El libreto conocido. Pero esta vez, el contexto cambió.
Estados Unidos dejó de operar sobre discursos. Está operando sobre verificación. Y cuando no hay correspondencia entre lo que México dice y lo que los datos muestran, la paciencia se agota.
Aquí es donde conviene traer a Jean-Paul Sartre. En “El Ser y la Nada”, describe la “mala fe” como esa condición en la que el individuo —o el Estado, en este caso— se engaña a sí mismo para evitar enfrentar la realidad. No es ignorancia. Es evasión consciente.
Y eso es exactamente lo que hoy está en juego. Porque decir “no hay pruebas suficientes” mientras existe una acusación formal, no es una defensa jurídica sólida, es una postura política. Y una muy arriesgada. No se toma en cuenta los artículos 10 y 11 del tratado de extradición firmado por México, donde es evidente que no se requiere de presentar las pruebas que se exigen.
El dilema es brutal: Si la titular del Poder Ejecutivo federal permite la detención y eventual extradición, rompe con su propio bloque político y con “El señor de Palenque”. Pero si decide proteger o dilatar, el costo se traslada al terreno internacional y la nación lo pagaría. Muy del estilo de los gobiernos Progresistas.
Esto no es un tema de dignidad nacional. Es un tema de confianza.
Estados Unidos evalúa riesgos: inversión, seguridad, cumplimiento. Y cuando el riesgo sube, el capital se va.
El argumento de “esperar evidencia contundente” no es jurídico, es estratégico. Ganar tiempo. Medir costos. Pero el tiempo también juega en contra.
Mientras se dilata la decisión, el mensaje es claro: México duda. Y cuando un país duda en corrupción, transmite incapacidad o complicidad. El problema no es un hombre. Es el sistema.
México dice que combate la corrupción, pero protege.
México dice que respeta la ley, pero condiciona. México dice que es soberano, pero depende.
Esa contradicción es insostenible. La decisión no será sobre un gobernador, será una señal de rumbo.
O se rompe hacia adentro o se fractura hacia afuera, pero algo se rompe. Y cuando eso ocurra, no será por presión externa, será por una mentira sostenida demasiado tiempo. Ahí El Meollo del Asunto.
