Dr. Fernando A. Herrera M.- La solvencia moral y la ruta legal. La denuncia penal presentada por los exalcaldes de Ciudad Juárez, Ramón Galindo Noriega y Gustavo Elizondo Aguilar, respecto al contrato de arrendamiento de ocho barredoras mecánicas por más de 105 millones de pesos, ha sacudido a la opinión pública local.
Más allá del debate partidista, este acto exige un análisis riguroso bajo dos vertientes fundamentales: la legitimidad técnica de quienes conocen las entrañas del municipio y la necesidad de ampliar la estrategia jurídica para desmantelar un sistema de omisiones institucionales.
El primer razonamiento que valida y fundamenta esta acción es la trayectoria de sus promoventes. No estamos ante una denuncia ciudadana basada en meras suposiciones o filtraciones mediáticas. Galindo y Elizondo gobernaron Ciudad Juárez, conocen con precisión el manejo presupuestal, los costos operativos reales y el impacto que tiene cada peso del erario en los servicios públicos urbanos.
Haber ocupado la silla les otorga una sensibilidad institucional. Su intervención, por tanto, se reviste de una autoridad moral que trasciende las siglas de los partidos. Debe entenderse como un acto de responsabilidad cívica con dos expresidentes que, con su experiencia, señalan lo que consideran un daño evidente al patrimonio de los ciudadanos, que alguna vez les confiaron el rumbo de la ciudad.
Los datos duros que aportan, como el costo de renta que supera con creces el valor comercial de las unidades, y por si esto no fuera suficiente, la burla con las metas reportadas de barrido logísticamente inverosímiles; ambas cuestiones constituyen el núcleo de la denuncia de quienes saben cómo funciona la administración pública.
El segundo razonamiento implica ir al terreno de la estrategia legal formal. Si bien la denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción del Estado es una iniciativa con buena intención para subsanar y, en su caso, castigar el presunto peculado, no está completa porque para ir a la raíz del problema hay que quitar el blindaje que hoy lo cobija y, de paso, a la administración municipal.
El gobierno municipal de Juárez utiliza los dictámenes aprobatorios de la Auditoría Superior del Estado (ASE) como un escudo de supuesta inocencia. Si las anomalías del contrato de las barredoras son tan evidentes como señalan los exalcaldes, la pregunta obligada es: ¿por qué el órgano auditor no hizo su trabajo? Para romper ese blindaje de impunidad, la acción legal debe completarse con una segunda denuncia.
Esta denuncia técnica se debe interponer ante el Órgano Interno de Control (OIC) del Congreso del Estado, apuntando directamente contra la ASE y los funcionarios que resulten responsables de haber avalado esas cuentas públicas. El Poder Legislativo es el jefe directo de la Auditoría; su OIC tiene la facultad constitucional de investigar si los auditores actuaron con negligencia, complicidad u omisión deliberada al pasar por alto los sobreprecios.
La defensa de las finanzas de Juárez no puede quedar a medias. La autoridad moral de Ramón Galindo y Gustavo Elizondo ya cumplió la función de poner el tema bajo el reflector público y demostrar la existencia de un posible daño patrimonial. Sin embargo, para que avance con solidez en el ámbito judicial, hay que auditar a los auditores.
Fincar responsabilidades administrativas y penales en el Congreso contra la ASE por su flagrante omisión es el camino para retirar el escudo legal al infractor. El escudo de las campañas próximas no sirve ante un hecho lamentable y evidente.
Dr. Fernando A Herrera. Periodista y politólogo, es Doctor en Administración por la UACH. Presidente del IEE Chihuahua (2006-2015); presidente de Instituciones Electorales de las entidades federativas en México (2014). Es autor de la trilogía “Secretos” filosofía para la vida cotidiana. Presidente y director general de chihuahuaexpres.com.mx
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