Daniel Valles.- El dicho popular dice que quien roba a un ladrón, tiene 100 años de perdón. Me lo han explicado muchas veces, pero la verdad, no logro entenderlo a cabalidad.
Seguro que quien ha sufrido el robo no se recupera con eso, ni así. Seguro que ningún juez evitará imponer la penalidad que la ley marque para quien haya robado. Me refiero a un buen juez, por supuesto.
La gente es lenta en perdonar, pero rápida en olvidar. No obstante, a quien le han robado u ofendido no olvida a quien le robó u ofendió. La actitud que la gente toma ante el robo o saqueo de bienes públicos por parte de personas que están en posiciones de gobierno es muy nimia.
Seguramente porque se tiene la idea de que lo robado no es de su propiedad, sino de alguien más. Que no le afecta. Pero eso no es del todo cierto. La corrupción le cuesta a cada mexicano, 14 mil pesos al año y esta cantidad se incrementa por las prácticas corruptas de la gente.
Cuando la persona que comete el ilícito, daña a toda la gente, a la nación entera, no sólo es un delito, es parte de la mancha negra de la corrupción que el país sufre.
México ocupa el lugar 130 en el índice de corrupción de Transparencia Internacional. El año pasado logró el lugar de entre 180 países. Con 29 puntos buenos de entre 100 posibles.
Mucho de lo que mide la organización es cómo la gente percibe a quienes le gobiernan. A las personas que ejercen la función de gobierno. Empleadas, funcionarios electos o designados. Claro, también mide a lo que la gente percibe de las personas que acuden a las oficinas de gobierno. Las empresas, los comercios, las instituciones en general. Y es penoso decirlo, pero no salimos bien.
En este régimen, el de López Obrador, conocido popularmente como el de la 4T, se inventó una oficina de gobierno muy singular. Su nombre, que suena hasta cómico, tiene como objetivo regresar a las arcas públicas lo que la autoridad federal incauta a ladronas, rateros, empleadas y funcionarios de gobierno que roban o de plano desvían recursos para beneficio propio.
Al ser arrestadas las personas y confiscarse los bienes de que se trate, se reintegran al patrimonio público. La dependencia se conoce como el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (Indep).
Supongo que el presidente aprobó el singular nombre como para dar énfasis a un instituto que señalaría a personas de las pasadas administraciones para que fueran perseguidas y consignadas por corruptas.
El nombre genera la idea de que se les quitaría lo que sustrajeron a quienes hurtaron o abusaron de la posición. Además de que también señalaría que el actual régimen no actúa y no es como el anterior.
Parte de una premisa de que el actual régimen no es corrupto, como los que le antecedieron. La premisa presidencial es falsa. ¿Cuál? Que la corrupción se acabó. Otra es que: a partir del 1 de diciembre de 2018, ya no hay corrupción en el gobierno. Eso, no lo cree, ni Obama.
El instituto en mención ha sido dirigido y lo será hasta octubre próximo por el académico Jaime Cárdenas, quien acaba de presentar su renuncia a su jefe el presidente López Obrador.
En la carta de renuncia, el señor Cárdenas acusó que en el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (Indep) hay actos de corrupción, como mutilación de joyas, irregularidades administrativas en procesos de valuación y falta de recursos para cumplir con compromisos de pago.
En la misiva que entregó al presidente Andrés Manuel López Obrador. expuso los motivos de su salida. Explicó que durante su gestión descubrió que existía manipulación de sistemas informáticos y tecnológicos para beneficiar a unas cuantas personas en la realización de subastas electrónicas, por lo que ya se analiza presentar las denuncias correspondientes.
“Encontramos al inicio de nuestra función probables irregularidades administrativas: procedimientos de valuación que no garantizan los principios del artículo 134 constitucional (mayor beneficio para el Estado) mutilación de joyas, contratos favorables a empresas y no al Indep y conductas de servidores públicos contrarios a las normas”, mencionó.
Agregó que está pendiente de conciliar la transferencia de los 2 mil millones de pesos que en febrero se remitieron desde la Fiscalía General de la República (FGR) al Indep, pues hasta la fecha esos recursos están invertidos, generan intereses y no han sido utilizados”.
Obvio que no se ha hecho escándalo sobre el hecho. Al régimen no le conviene. Destruye la hipótesis presidencial de que la corrupción se acabó. Fortalece la que dice que la corrupción no se destruye ni se elimina. Y es notorio que en el Instituto Para Devolverle al Pueblo lo Robado hay corrupción, hay ladrones y hay ladronas. No hay cambio. Menos transformación.
Dos periodistas dieron a conocer los hechos que ahora serán más evidentes que se venían sucediendo en el instituto de reciente creación lopezobradorista.
Denisse Maerker, desde el mes de enero y el también exdirector del instituto, Ricardo Rodríguez, habría denunciado ante la Fiscalía General de la República para poder proceder legalmente contra funcionarios del instituto, informó el noticiero En Punto dirigido por la periodista Denisse Maerker.
Los acusados, cuyos nombres no han sido revelados, habrían robado piezas muy valiosas hechas de oro, diamantes, esmeraldas, rubí y zafiro de piezas que serían subastadas más adelante.
También la periodista Fátima Monterrosa señaló que, según el documento de la denuncia, hubo 22 piezas con gemas que fueron “mutiladas”. Entre ellas se encontraban aretes, brazaletes, collares, y otras cosas que habrían saqueado quienes tenían la función de resguardarlas.
Antes de su renuncia, Ricardo Rodríguez habría solicitado una reinspección en la bóveda 1428 del registro de joyas por el presunto daño que identificaron en los objetos que se resguardaban en ella.
El oficio del periodismo está haciendo su función. El periodismo libre es vital para mantener un balance en las democracias. Porque la sostiene. Combatirlo, reprimirlo, es una acción de fascistas, de dictadores, de tiranas.
Pero no basta con que a través del periodismo se dé a conocer el hecho. La gente, la ciudadanía debe interesarse, involucrarse y reclamar que “no le roben lo robado”, lo que no solo se hace desde el instituto en mención, sino desde la más pobre y apartada oficina de gobierno. Ahí hay corrupción.
La ciudadanía ha de pedir cuentas y dejar atrás la creencia de que ladrón que roba a ladrón, tiene cien años de perdón. Ahora se sabe que también está en la Cuarta Transformación.
