Aída María Holguín Baeza.- Hay silencios que desaparecen personas. No porque las arranquen físicamente de la vista, sino porque quedan ocultas entre expedientes incompletos, bases de datos fragmentadas y respuestas oficiales que cumplen el trámite, pero no garantizan el derecho a la verdad.
Así, en un país como México, marcado por la crisis de desapariciones, la opacidad no es un problema administrativo: es una forma de prolongar el dolor.
El informe “Enterrar la verdad. Opacidad en la calidad de la información sobre fosas en México”, confirma una realidad preocupante, al revelar que la transparencia no avanzó: retrocedió. Aumentaron las negativas de información, las reservas injustificadas y los mecanismos que trasladan a la ciudadanía la responsabilidad de reconstruir datos que el propio Estado debería generar, organizar y publicar.
De ese modo, el problema rebasa la discusión técnica sobre el acceso a la información. Y es que detrás de cada dato negado hay familias que buscan respuestas; detrás de cada registro incompleto hay una investigación que pierde fuerza; detrás de cada enlace inservible se debilita el derecho colectivo a conocer la verdad.
Las fosas clandestinas no son únicamente evidencia de la violencia criminal. También constituyen un examen permanente sobre la capacidad del Estado para documentar los hechos, preservar la memoria y rendir cuentas. Cuando las instituciones desconocen cuántas existen, dónde fueron localizadas o cuántas personas han sido recuperadas, no solo fracasan los sistemas de información: también se erosiona la confianza pública.
La desaparición del organismo nacional garante de la transparencia abrió una etapa cuya eficacia hoy comienza a medirse en los hechos. El balance no resulta alentador. Si obtener información depende de criterios discrecionales, interpretaciones restrictivas o de la voluntad política de cada autoridad, entonces un derecho termina convertido en concesión.
La transparencia adquiere un significado distinto cuando se habla de desapariciones. No persigue satisfacer la curiosidad pública, sino hacer posible la búsqueda, fortalecer las investigaciones y construir políticas públicas sustentadas en evidencia. Sin información confiable es imposible dimensionar la crisis; sin datos verificables tampoco puede exigirse responsabilidad.
Quizá la lección más dolorosa sea que la verdad también puede enterrarse sin necesidad de cavar una fosa. Basta con ocultarla entre oficios, reservas, omisiones y archivos dispersos. Mientras eso ocurra, la deuda con miles de familias seguirá creciendo y la justicia seguirá esperando una verdad que nunca debió ocultarse.
Lo cierto es que, como advirtió Cicerón, “la verdad se corrompe tanto con la mentira como con el silencio”, y en materia de desapariciones ese silencio también adopta la forma de la opacidad.
No basta, pues, con afirmar que existe transparencia. Por eso es indispensable remover los obstáculos que impiden conocer la realidad y garantizar el derecho a la verdad.
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