Lic. Héctor Ramón Molinar Apodaca.- En mi época de estudiante de Derecho, tuve que leer libros de autores que desglosan las diversas leyes del país, cada uno especializado en las diferentes ramas del derecho. Al principio fue un martirio leer a Eduardo García Máynez en Introducción al Estudio del Derecho, por el léxico jurídico que emplea, con la que nos iniciamos en este largo camino que nos obliga a estudiar constantemente. En el último semestre fue un placer conocer al Dr. Ignacio Burgoa a través de su enseñanza del Derecho Constitucional, que es la base del sistema jurídico del país.
Lo que al principio fue difícil de entender, durante la práctica ante los tribunales fui entendiendo la importancia que implica una buena preparación, para la defensa de los intereses del que confía sus asuntos a quien considera un perito del Derecho y en los conocimientos y asesoría que otorgamos en cada caso concreto. Poco a poco la lectura y comprensión se convirtió un hábito que me llena de satisfacción y a la vez descubrí un universo jurídico maravilloso.
Siempre me llamó la atención la firmeza, seguridad y sabiduría del Dr. Ignacio Burgoa Orihuela, cuyas obras literarias son parte de mi formación. Igualmente, en la actualidad me congratulo de seguir los consejos y conservo las obras que aporta al mundo jurídico el Dr. Miguel Carbonell, que insiste y con toda la razón, en que, si los abogados no estudiamos, ni nos actualizamos seremos cada día menos eficientes y estaremos en desventaja ante el adversario.
En el universo me encontré con la fascinante interpretación del derecho al Maestro Luigi Ferrajoli, cuyas enseñanzas en materia de derechos humanos bajo una nueva dimensión sustancial por un cambio estructural de doble vertiente, en el derecho y la democracia; contribuye con una crítica constructiva en el que se lamenta la falta de interés en el orden interestatal aunque exista la Carta de 1945 con el nacimiento de la ONU, al considerar que prevalecen aún de manera más escandalosa las relaciones de fuerza. Y, como consecuencia, la pretensión de universalidad de los derechos humanos resulta negada.
Desafiando a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los jueces federales y del fuero común -con sus muy honrosas excepciones-, denigran el estado de derecho y debido proceso, ante la infame corrupción que se apoderó de los operadores de la justicia y que han sido denunciados oportunamente por los distinguidos doctrinarios y juristas que he mencionado.
Transcribo del libro de sus memorias del Dr. Ignacio Burgoa Orihuela en el año 1996, lo siguiente:
“Un juez que espera o presiente consignas, que teme desagradar a sus superiores con sus fallos y que se angustia por el ‘cese’ o el cambio de adscripción, no merece el calificativo de tal. Es un títere despreciable que mancha la simbólica toga.
“No imparte Justicia sino la mancilla con su vileza y ruindad, inspirando desprecio y desconfianza. Es el principal enemigo de la Constitución, del Derecho y de la Ley y, por ende, del pueblo mismo. A jueces de esa calaña, se les debe arrojar del templo de la Justicia como Cristo hizo con los mercaderes”.
En mi peregrinar como abogado postulante durante cuarenta años, he constatado las afirmaciones de los honorables catedráticos y desde luego tengo mi propio criterio al respecto; corroborando que estamos ante un grupo poderoso que decide por toda la nación, siendo los juzgadores postulados por influencias en la mayoría de los casos, sin que hayan acreditado fehacientemente la capacidad requerida para obtener tan honroso nombramiento.
La corrupción en el Poder Judicial ha propiciado el crecimiento de la criminalidad en el país, así como la designación de los puestos de elección popular, en manos de un grupo rapaz que resuelve en los Tribunales Federales en materia electoral. La ciudadanía generalmente pasa desapercibido este grave daño que ya está en la cima de la justicia, siendo la injusticia que se impone ante la impunidad y permisibilidad de los altos mandos.
Es importante precisar que los juristas y doctrinarios que nos aportan sus conocimientos y contribuyen a la debida interpretación del Derecho y las garantías de los ciudadanos, así como los abogados que nos sostenemos con argumentos sólidos, fundamentados y motivados que establece nuestra Carta Magna principalmente, hemos logrado limpiar poco a poco dentro de nuestra jurisdicción, denunciando a los impartidores de justicia que son corruptos.
Recientemente se publicó el uso indebido de los recursos del erario destinados al Poder Judicial de la Federación y del enriquecimiento ilícito de funcionarios asignados a los tribunales federales en la república mexicana. La dignidad es primero y la limpieza en casa ya comenzó.
