Lic. Héctor Ramón Molinar Apodaca.- La Reforma a la Constitución para el Poder Judicial, que propone el presidente Andrés Manuel López Obrador, y que retoma la presidente electa Claudia Sheinbaum, sobre la elección de jueces y magistrados en el ámbito local y federal, así como a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha dado un giro dramático en el mundo financiero principalmente, porque según analistas del ramo, es derivado de la incertidumbre sobre sus inversiones en el país.
En la reforma se propone que los juzgadores de todas las materias del derecho, sean sometidos a votación popular y de esa manera elegir a los “mejores”, pero “según qué partido” y “cómo” son los principales cuestionamientos del gremio de abogados que día con día, cargamos con el peso de la injusticia, la corrupción, el tráfico de influencias, la incapacidad, el tortuguismo, el burocratismo, las deficiencias humanas y de infraestructura, la falta de recursos para agilizar los juicios, entre otras perversas acciones.
Entre nosotros los abogados nos damos cuenta de que los gobernadores de los estados y los presidentes de la república son los que mandan a quien poner y a quien quitar. Es muy fácil de entender que todo lo corrupto y negativo del poder judicial del estado y de la federación proviene de los poderes ejecutivos. Así de sencillo. Es como ocurre con los rectores de nuestras universidades, los ponen los gobernadores en turno y no el consejo universitario, pero ese es otro tema.
Cuando culminé mis estudios como Licenciado en Derecho en mi Alma Mater la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, me sentía un honorable miembro del ejército de la justicia. Se me quedó muy grabado el decálogo del abogado del maestro Eduardo J. Couture y sobre todo el cuarto mandamiento que a la letra dice: Lucha. Tu deber es luchar por el Derecho; pero el día que encuentres en conflicto el Derecho con la justicia, lucha por la justicia.
A mis cuarenta y cuatro años de práctica profesional, ya pasaron por mi vida muchos jueces, magistrados y ministros. Tiempo suficiente para darme cuenta de que efectivamente es necesaria una reforma al poder judicial, pero para establecer penas y medidas disciplinarias a los que violen las leyes que regulan la designación de jueces y magistrados. A los gobernantes y presidentes de la república que violen la autonomía del poder judicial para ser enjuiciados por imponer a sus predilectos.
En todos los juzgados del orden común y federal tenemos muy buenos y muy malos abogados(as), es cuestión de que se haga una encuesta a los abogados litigantes que tenemos cierta experiencia, para seleccionarlos y exhibirlos ante la opinión pública. En el estado de Chihuahua, Ciudad Juárez es el patito feo de la presidencia del poder judicial en turno. Siempre han controlado las mejores posiciones con su gente de confianza desde la capital, enviándolos, con nombramientos temporales y luego con convocatorias amañadas los dejan en definitiva como jueces.
En todos los sexenios, el gobernador en turno designa al presidente del poder judicial y a su vez, jubila a los que ya están en edad de dejar el cargo, para ocuparlo uno de sus consentidos, por compromiso o amistad. Llegan los nuevos jueces designados por dedazo, ante la mirada incrédula de los secretarios de acuerdos y proyectistas que sueñan con lograrlo algún día por sus méritos propios y que no se atreven a alzar la voz porque los cambian de lugar y/o los humillan.
En el poder judicial de la federación está peor el ambiente. Todo se canaliza desde la Ciudad de México y el Consejo de la Judicatura Federal no sirve para nada. Solo está de nombre porque ninguna queja prospera, solo nos causa daño a los litigantes por el resentimiento de jueces y magistrados que fueron nombrados por influencias. Además, el nepotismo es evidente. Existe un alto índice de corrupción entre magistrados colegiados y los narco inmobiliarios. Como es el último nivel que “administra justicia” y no hay nada más, se topa uno con grandes y perversas injusticias.
Los magistrados encargados de resolver impugnaciones electorales gozan del privilegio de definir quién ganó la elección y anulan votos y casillas, dando preferencia al mejor postor, cuando se trata de elecciones cerradas. Aunque son colegiados disfrazan muy bien sus resoluciones que además son acatadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Por último, les diré, que los derechos humanos que han sido introducidos desde el año 2011 a nuestra Carta Magna, por la obligación que adquirimos ante la ONU, con los tratados internacionales, son interpretados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Gracias a la Jurisprudencia emitida por el más alto tribunal, tenemos libertinaje social, incluyente y contra la vida de los mexicanos desde el momento de su gestación, así como los movimientos que van contra la moral y buenas costumbres. Que además obligan a los congresos de los estados a legislar como los ministros deciden. Son como Dioses en la tierra.
