Dr. Fernando A. Herrera M.- Al amigo, justicia y gracia; al enemigo, la ley a secas. La vieja máxima de la política mexicana nunca había tenido una demostración tan nítida como la de esta semana.
El sábado, la Fiscalía de Chihuahua detuvo a César Jáuregui por una causa local. El domingo, un juez estatal resolvió que la enfrentara en libertad. Minutos después, la Fiscalía General de la República ya lo esperaba con una orden federal en la mano. El lunes amaneció en el Altiplano, acusado de traición a la Patria.
Traición a la Patria. El delito más grave que puede imputarse a un mexicano, el que se reserva para quien vende el país al extranjero.
¿Su pecado?: Encabezar en abril un operativo para destruir narcolaboratorios en la sierra, en el que, según la acusación, participaron agentes estadounidenses sin autorización federal.
Si hubo una falta en el procedimiento, que se investigue y se sancione, pero de ahí a equipararlo con un traidor a la patria hay una distancia que solo cubre la saña.
Marco Bonilla, virtual candidato del PAN al gobierno de Chihuahua, lo dijo sin rodeos y con justa indignación: “es un montaje de carácter político que no tiene fundamento alguno”. Exigió lo más elemental en cualquier república: “una sola ley para todos”. Y recordó lo que en Palacio Nacional prefieren no escuchar: que la verdadera traición a la patria es no combatir al narco.
Una sola ley para todos. Ahí está el problema, porque en México hoy hay dos. Una es la que se le aplicó a Jáuregui: más de cien actos de investigación, presumió la fiscal Ernestina Godoy; orden de aprehensión ejecutada al minuto; penal de máxima seguridad.
Y como remate, la presidenta Claudia Sheinbaum, desde el atril de la mañanera, dando por buena la acusación el mismo día de la audiencia: “La Fiscalía encuentra que el exfiscal de Chihuahua violó la Ley de Seguridad Nacional”. Así, antes de que hable un juez, se condena desde el púlpito.
La otra es la que se aplica a los suyos. El 29 de abril, la Fiscalía Federal de Nueva York acusó formalmente al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y a nueve funcionarios y exfuncionarios, entre ellos un senador y el alcalde de Culiacán, de proteger a “Los Chapitos”. La acusación habla de sobornos mensuales, de listas de rivales políticos entregadas al cártel y de un comandante señalado por el secuestro y la muerte de un informante y de un familiar suyo.
¿Cuál fue la respuesta de México? La presidenta exigió “pruebas contundentes”. La FGR concluyó en dos días que no había condiciones para detener a nadie. Rocha Moya pidió licencia, esperó a que bajara la marea y en agosto volvió a despachar como si nada. El único que ha pisado un tribunal, Gerardo Mérida, lo hizo porque se entregó solo en Arizona.
Para Jáuregui, más de cien diligencias. Para Rocha Moya, ni una detención provisional. Para el fiscal que fue a la sierra a destruir laboratorios, al Altiplano. Para los señalados de proteger a quienes los operan: el despacho, la licencia y la mesa bien servida.
Eso no es justicia. Es justicia selectiva y la justicia selectiva es una forma de venganza con sello oficial. Se usa contra los que estorban, contra el que puede costarle a Morena la gubernatura de Chihuahua en 2027, y se guarda en el cajón cuando el acusado es de la casa.
No pido impunidad para Jáuregui. Si violó la ley, que responda ante un juez, con pruebas y con el debido proceso. Pido lo mismo que ha pedido Bonilla: que la vara sea una. Que el rigor que hoy se presume en Chihuahua alcance también a los señalados de Sinaloa y de todas partes, a los que campean, comen y beben con la tranquilidad de quien sabe que nadie los va a molestar.
Quisiera encontrar un juez que tenga el valor de decirle a la presidenta que se equivoca, que el atril de la mañanera no es un tribunal. Mientras ese juez no aparezca, Jáuregui seguirá siendo lo que hoy es: un preso político del régimen.
Decía mi abuela que la ley es como la telaraña: atrapa al mosquito y deja pasar al moscardón. En el Altiplano está el mosquito. Los moscardones siguen volando como si nada.
Lo más delgado
Ayer vimos una escena que hace un mes parecía imposible: la presidenta y la gobernadora contando la misma historia. Ninguna lo dirá así, pero eso fue: fumaron la pipa de la paz. Una entregó al fiscal con la orden firmada en casa; la otra le respondió desde el atril que, hasta donde ella sabe, no hay prueba en su contra. Trato hecho, aunque nadie haya firmado nada.
Y aquí viene la pregunta que nadie en ninguno de los dos palacios quiere contestar: si hubo paz, ¿por qué tuvo que haber sacrificio?
Las paces, cuando son de verdad, se hacen para que nadie pague. Se reconocen errores, se corrigen procedimientos, se ajustan las reglas y se sigue adelante. Esta no se pactó así. Se pactó con un sacrificio sobre la mesa. Y tiene nombre, número de expediente y celda en el Altiplano.
En la política mexicana, el chivo expiatorio es una institución antigua. Se escoge al que piensa, se rebela y que ya no obedece. Al que sabe lo justo para parecer culpable, pero no lo suficiente para ser peligroso. Ese es el hilo delgado. Por ahí se rompe y todos los demás quedan bien amarrados.
Lo nuevo es el descaro. Mientras Jáuregui cuenta las horas para el jueves, hay señalados, con acusaciones públicas y nombres repetidos en expedientes de aquí y del otro lado de la frontera, que esta noche cenarán en restaurantes de alta gama. Pedirán vinos caros, dejan buena propina y nadie los molesta.
¿Cómo se le llama a eso? Tiene un nombre corto: desvergüenza. Porque la vergüenza, en política, no es un sentimiento; es un freno. Es el que impide que un gobierno encarcele al de abajo mientras deja intacto al de arriba. Cuando ese freno se pierde, lo que queda es aritmética: cuánto cuesta el preso, cuánto rinde y a quién le conviene.
Y a las dos mandatarias las cuentas les salen. A una le da un detenido para mostrarle a Washington que aquí sí se castiga a quien les abre la puerta a sus agentes, sin tocar a nadie de los suyos. A la otra le compra tiempo, oxígeno y una absolución desde la mañanera que vale más que cualquier comunicado de su partido.
A quien no le sale ninguna cuenta es al ciudadano. Ese que vio o escuchó cinco versiones del mismo operativo, un cocinero desaparecido, un fiscal preso y ningún detenido por el laboratorio. Ese ciudadano que entiende, sin leer la carpeta, que aquí no se castigó un delito: que se pagó una cuota.
No defiendo a Jáuregui. Si violó la ley, que responda, y si así fuera, que respondan los demás que campean, comen y beben.
Decía mi abuela que los platos rotos nunca los paga el que los tiró, sino el último que se quedó en la cocina cuando se supo.
Esta noche Jáuregui cenará lo que le sirvan en el Altiplano. Otros, libres, impunes y sin prisa, pedirán viandas y la carta de vinos. Y en dos palacios seguirá encendida la pipa de la paz, quemando tabaco que paga su víctima.
Dr. Fernando A Herrera. Periodista y politólogo, es Doctor en Administración por la UACH. Presidente del IEE Chihuahua (2006-2015); presidente de Instituciones Electorales de las entidades federativas en México (2014). Es autor de la trilogía “Secretos” filosofía para la vida cotidiana. Presidente y director general de chihuahuaexpres.com.mx
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